"Parece que en el Ejecutivo se piensa que es posible mejorar en competitividad y productividad, sin mejorar las condiciones de competencia en los mercados", señala Falla. (Foto Indecopi)
"Parece que en el Ejecutivo se piensa que es posible mejorar en competitividad y productividad, sin mejorar las condiciones de competencia en los mercados", señala Falla. (Foto Indecopi)
Alejando Falla

Al escribir este artículo escucho por la radio que el presidente de la República participa de la XVII edición de la Carrera Cívico Militar 7,5K, como parte de las actividades por el Día de las Fuerzas Armadas. Me parece muy bien. Lo que llama la atención es que no se haya dado espacio para participar también en el Día de Competencia organizado por Indecopi, donde se discutieron temas vinculados con la política de competencia y su importancia para el desarrollo del país.

En diferentes oportunidades he visto a Bachelet y Piñera como presidentes de la República asistir a eventos similares organizados por la autoridad chilena de competencia. A la actividad tampoco asistió el ministro de Economía; en Chile el ministro también se da tiempo de asistir a este tipo de eventos.

En ese contexto, no asombra que el Plan Nacional de Competitividad y Productividad presentado en julio pasado por el Poder Ejecutivo no contenga ningún objetivo asociado a la política de competencia. Parece que en el Ejecutivo se piensa que es posible mejorar en competitividad y productividad, sin mejorar las condiciones de competencia en los mercados. Qué ilusos. No la ven.

Si las empresas compran insumos en mercados afectados por prácticas anticompetitivas (acuerdos de precios entre competidores, por ejemplo), pagarán más por dichos insumos. Lo mismo pasa si lo hacen en mercados afectados por restricciones a la competencia impuestas desde el propio Estado (regulaciones tipo ‘pico y placa’ o barreras burocráticas, por ejemplo). Esto afectará la competitividad de sus productos o sus servicios una vez que salgan al mercado. Cuando los exportadores sacan sus productos fuera, exportan también los sobrecostos generados por la falta de competencia en los mercados locales. La ventaja la tendrán quienes no enfrenten esos problemas en casa.

La competitividad de las empresas muchas veces depende de servicios que reciben (o no reciben) del Estado. Si el Estado no provee buenas carreteras o vías de acceso, es difícil que mejore la productividad o la competitividad de las empresas que necesitan usarlas. Si cuando sale a comprar servicios para atender esas demandas, el Estado gasta más de lo que debe porque los postores han hecho su “repartija” y subido los precios en las licitaciones, quedará menos plata para mejorar dichos servicios. Lava Jato en su origen es un acuerdo entre competidores para dejar de competir por contratos con el Estado; la corrupción llegó después, solo para asegurar que los acuerdos se respeten.

El plan no incorpora medidas para atender esos problemas. Hubiera sido deseable que se contemplaran medidas para combatir “repartijas” en licitaciones públicas, o para incentivar a las municipalidades (vía transferencia de ingresos adicionales) que se comprometen con la eliminación de barreras burocráticas. Por suerte, el plan puede ser modificado y el presidente –superada la tormenta política– podrá asistir al Día de la Competencia el próximo año.