El sector minero tendrá un rol importante en el Pacto Perú, que busca afirmar la gobernabilidad a partir del Bicentenario. (Foto: Difusión).
El sector minero tendrá un rol importante en el Pacto Perú, que busca afirmar la gobernabilidad a partir del Bicentenario. (Foto: Difusión).
Redacción Economía

Uno de los anuncios más importantes de en su discurso presidencial de 28 de julio fue el . Este acuerdo pretende allanar el camino para la próxima , para una “transición en paz, con acuerdos mínimos que den marco al debate necesario”.

En esa línea, Vizcarra anunció que busca que este pacto encuentre consensos para consolidar la democracia, encauzar el debate político y avanzar como país. El acuerdo contempla cinco puntos: salud, educación, crecimiento económico, reforma política y lucha contra la pobreza.

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En cuanto al crecimiento económico, el mandatario explicó que busca ser sostenible, “una economía social de mercado que beneficie a los ciudadanos y no solo a algunas empresas”. La minería juega un rol crucial en este punto, señalan los expertos.

Carlos Durand, presidente de Perucámaras entiende este pacto como una versión acotada del Acuerdo Nacional, que tiene una cantidad importante de políticas. Y sobre el tercer punto explica: “Nadie está en desacuerdo con un crecimiento económico, pero si no trae bienestar no va a generar desarrollo sostenible”.

Ese bienestar, apunta Durand, significa calidad de vida, así como acortar brechas que se han puesto en evidencia durante esta pandemia, y donde se han desnudado muchas desigualdades. “Sobre todo si se relaciona con el tema minero”, explica.

Argumenta que las áreas donde se desarrolla la actividad minera son zonas rurales donde hay muy poca o nula infraestructura. Muchas veces lo que ha hecho el Estado en los últimos años es renunciar a las funciones a la que está obligado, como educación, salud o carreteras, y dejan a las mineras a que asuman ese rol, añade el titular de Perucámaras.

Es así como comienzan los conflictos, sostiene Durand, ya que cuando el ciudadano de esas zonas reclama que se le atienda, muchas veces no voltea al Estado, sino le reclama al privado. “Si uno ve los petitorios, varias veces están vinculados a temas que el Estado debería brindar”.

En ese sentido, agrega que es fundamental vincular los aspectos de crecimiento económico con bienestar, y crear un nuevo concepto de desarrollo sostenible, inclusivo, y con el compromiso de acortar esas brechas, y no ver el Perú de aquí a 10 años con los mismos diagnósticos y estadísticas crueles de desnutrición, pobreza y analfabetismo.

Los conflictos sociales son la cuenta pendiente de la minería en nuestro país. Si los beneficios de las explotaciones no vinculan a las comunidades del entorno, no serán sostenibles.
Los conflictos sociales son la cuenta pendiente de la minería en nuestro país. Si los beneficios de las explotaciones no vinculan a las comunidades del entorno, no serán sostenibles.

SUMAR FUERZAS

El ex viceministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, enfatiza que no solo los partidos políticos deben ser convocados en el Pacto Perú, ya que cada uno vela por sus intereses. “Sobre todo el Congreso que viene sacando leyes que perforan la constitución y embanderan un populismo al extremo”, expresa.

“El pacto debería ser con los líderes de opinión, convocar también a la sociedad civil, empresarios, colegios profesionales y la academia. Ese sería el verdadero Pacto Perú. Solamente con los partidos estamos perdidos, porque ninguno está apuntando al verdadero progreso de la economía”, apunta.

Durand coincide con esta idea, y menciona que no es un tema solo de fuerzas políticas, sino de la sociedad civil. Todos debemos comprometernos, dice, para que este pacto de aquí a 5 o 10 años nos dibuje un nuevo país.

Karina Zevallos, gerente general de Weir Minerals Perú, y una de las directoras de la asociación Women in Mining (WIM), destaca la necesidad del Gobierno de poner reglas claras para velar por los derechos y desarrollo de las comunidades de las áreas de influencia.

Refiere que la minería brinda trabajo directo a más de 140 mil personas, y por cada uno de estos se genera alrededor de siete indirectos, es decir, cerca de un millón de familias beneficiadas por la actividad minera existente. De allí que es vital la “viabilidad de proyectos mineros responsables como pilar fundamental para el crecimiento de nuestro país”.

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