Ahorro fiscal y reformas tributarias: ¿Qué debe considerar el Gobierno?

El Ejecutivo comunicó ayer que pedirá facultades por 60 días con el fin de legislar en diversas materias, incluidos varios puntos económicos. Entre las propuestas que se presentarán, de aprobarse la solicitud, se encuentran la modificación de la Ley del Impuesto a la Renta (IR) para fomentar la inversión y el uso de comprobantes de pago.

Además, el Ejecutivo buscará fortalecer la Sunat para optimizar su gestión y mejorar el servicio al ciudadano. Otra materia incluida en el comunicado es la modificación de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) para perfeccionar su estructura y administración. Finalmente, se darán medidas para impulsar el crecimiento y el desarrollo de las microempresas y pequeñas empresas.

El énfasis dado a lo tributario en la solicitud de facultades es una muestra más de que el MEF está concentrado en el diseño de un paquete de medidas en temas de impuestos y recaudación que le permita alcanzar las metas de ingresos fiscales descritas en el último Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2018-2021.

En dicho documento se proyecta elevar la presión tributaria de 12,9% del PBI en el 2017 a 15,3% al 2021. En el escenario base del MEF, sin medidas tributarias y administrativas, la presión tributaria al final del gobierno sería de solo 13,4%.

Entre las diversas medidas anticipadas por el Ejecutivo, para los especialistas, el tema primordial recae en la anunciada racionalización de exoneraciones tributarias. Luis Alberto Arias, ex jefe de la Sunat, considera que, si se realizara una revisión integral de las mismas, se generarían recursos para el fisco que podrían ser destinados a la inversión pública.

“Entre [las exoneraciones] que podrían salir están la de Amazonía, la del Impuesto Selectivo al Consumo, las de las universidades privadas, seguros y casinos”, detalló.

Las exoneraciones son herramientas de naturaleza temporal, pues tienen como propósito incentivar alguna actividad o industria en una zona específica. Por ello, detalla Dante Sanguinetti, abogado tributarista del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, es necesario que su efectividad sea revisada periódicamente.

Además, estos instrumentos terminan siendo un subsidio que distorsiona los mercados. “A veces en las fronteras se genera un tipo de contrabando porque una tienda cruza de una región a otra para obtener un beneficio de IGV, por ejemplo [...]. En lugar de generar un incentivo agregado para la economía, se convierte en una desviación”, detalla el ex viceministro de Economía Carlos Casas.

Para evitar esta situación, continúa, es necesario mejorar los criterios que actualmente se utilizan para imponer las exoneraciones, pues incluso existen algunas que nunca han sido utilizadas.

Por ejemplo, en el 2009 se creó una para las industrias que decidieran implementar plantas a 2.500 metros de altura. En su momento, la medida generó tal polémica que motivó la renuncia del entonces titular del MEF, Luis Carranza.

“No conozco a ninguna empresa que haya hecho efectiva esta exoneración porque los costos logísticos requeridos eran muy altos. Sin embargo, nunca se eliminó [...]. Existen muchas cosas que limpiar. Hay que revisarlas una por una”, afirma Casas.

RECAUDACIÓN

En lo que respeta a la Sunat, los especialistas consultados resaltaron la necesidad de desarrollar instrumentos eficaces para la lucha contra la elusión tributaria. Aunque es un tema que no necesita de las facultades legislativas, es prioritario si lo que se quiere es reforzar la actuación del ente recaudador.

La ley antielusiva fue publicada en el 2012, pero el desarrollo de su reglamento está suspendido desde el 2014. “La reglamentación [de la ley antielusiva general] debe tener listas detalladas que señalen cuáles son los casos de elusión”, sugiere Arias.

Sanguinetti agrega que no se puede dejar de lado la otra cara de la moneda: la lucha contra la evasión tributaria y la informalidad.

Para ello, reiteró la necesidad de simplificar y unificar los diferentes regímenes tributarios. “Anteriormente, hemos visto al Congreso sacar iniciativas como el IGV Justo y, al mismo tiempo, al Ejecutivo impulsando el régimen Mype Tributario. Con la delegación de facultades, debemos dejar que el Ejecutivo se haga cargo del asunto”, sentenció.

Carlos Casas resaltó que la Sunat debería tener mayor acceso a bases de datos para poder fortalecer el cruce de información y la fiscalización, sobre todo, a pequeñas empresas. 

OTROS ANUNCIOS

Durante su presentación en el Congreso, el primer ministro César Villanueva anunció que el Ejecutivo planea incrementar la cantidad de trabajadores formales incorporando a medio millón de trabajadores inscritos en planillas hasta el año 2021.

Además, indicó que tienen como objetivo fortalecer el Sistema de Inspección del Trabajo. Para ello, se proyecta incrementar de 464 a 924 el número de inspectores laborales al 2021.