Mercedes Aráoz
Mercedes Aráoz
Redacción EC

La premier defendió hoy la posición del Estado peruano ante la insistencia de la empresa , acreedor de parte de la deuda agraria que mantiene el gobierno, para bloquear el ingreso del Perú a la (OCDE).

"Gramercy es una institución que juega sucio y que continuamente amenaza al país usando a personas, pagando a lobbystas y manipulando medios de comunicación para frustrar nuestro ingreso a la OCDE. Es una empresa perteneciente al grupo denominado fondos buitres", señaló Aráoz.

Según informó la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Gramercy mandó una carta al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, en la cual se afirma que “la atroz conducta del Perú con respecto de los bonos de reforma agraria demuestra que el Perú no está preparado para la adhesión a la OCDE y no está comprometido con sus valores y principios fundamentales”.

Ante esto, Aráoz fue contundente al afirmar que tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como el gobierno están siguiendo el proceso de pago de los bonos de la reforma agraria.

"Ante la incertidumbre que había en el pasado por conocer el valor de los bonos, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó una metodología de valoración de los mismos y el gobierno aceptó seguir el proceso de valoración. Y eso es lo que estamos haciendo desde entonces", argumentó.

Los bonos no están sujetos a legislación extranjera, solo a nacional legislación. Los bonistas registrados, de hecho, pueden elegir varias formas de pago, sin embargo, Gramercy alega que adquirió los bonos años antes que existiera certeza legal con respecto a los bonos, comentó Aráoz.

"Busca una ganancia inesperada de 4000% de rendimiento de los bonos. En vez de seguir el proceso asignado por el TC, Gramercy renunció al proceso local y notificaron la controversia a través de convenios internacionales para su beneficio propio. Sus ataques han sido planeados para coincidir con eventos importantes para perjudicar la reputación del país, que no ha logrado" afirmó la premier.

En declaraciones posteriores, el representante Presidencial Especial ante la OCDE, Enrique Felices, comentó que los convenios de inversión no existen para una parte privada pueda obligar a un soberano respetado a que ignore el estado de derecho, en este caso perjudicando al Estado Peruano. 

"La OCDE no es una herramienta para que intereses privados obliguen al estado a abandonar el estado de derecho", comentó.

Al respecto, Aráoz comentó que ayer por la noche envió una carta al secretario general de la OCDE explicando a detalle la posición del gobierno peruano. 

"Ellos han querido ver a estos bonos de reforma agraria como si hubieran sido emitido hace un poco tiempo, cuando tienen casi 50 años. Por otro lado, la ganancia de 4000% de retorno hace que sea evidente que un instrumento financiero que no tiene sentido. 
Han tratado de utilizar personas y no utilizar los fueros planteados, lo cual es ilegal" finalizó Felices.

LA DEUDA

Gramercy Funds Management LLC posee aproximadamente 10.000 de los bonos y cree que deberían valer al menos US$1.300 millones, en lugar de los US$1,9 millones que estima que obtendría según un método de pago que el gobierno pretende utilizar.

En 2013, el Tribunal Constitucional del Perú ordenó al gobierno a honrar la deuda utilizando un método de cálculo de su valor actual, lo que favoreció al gobierno y molestó a los tenedores de bonos.

ODEBRECHT Y LA OCDE

Por otro lado, ante la interrogante del congresista Yohny Lescano sobre las consecuencias que podrían tener la problemática del caso Lava Jato - el cual viene afectando a grandes empresas peruanas -  en el ingreso del Perú a la OCDE, Aráoz afirmó que, justamente para evitar esto en el futuro, el país ha firmado convenios de transparencia que contribuirán en la lucha contra la corrupción.

El equipo especial del Ministerio Público que está investigando el Caso Odebrecht ha solicitado al Poder Judicial que dicte prisión preventiva por 18 meses contra los cinco directivos de las empresas peruanas que fueron socias de la constructrora brasileña.  (Foto: Archivo El Comercio)
El equipo especial del Ministerio Público que está investigando el Caso Odebrecht ha solicitado al Poder Judicial que dicte prisión preventiva por 18 meses contra los cinco directivos de las empresas peruanas que fueron socias de la constructrora brasileña. (Foto: Archivo El Comercio)

"El Perú se comprometió a cumplir con la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria, el cual obligará a todas las acciones del estado con empresas privadas a que sean transparentes", declaró la premier. 

De acuerdo a Aráoz, el ingreso a la OCDE contribuirá a combatir la lucha del Perú contra la corrupción. Para esto, presentarán en el corto una serie de normas que ayuden justamente en este proceso, informó.

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