Estas sumas se considerarán a cuenta de todo incremento que pudiera otorgarse o acordarse en el marco de la negociación colectiva durante el 2020.
Estas sumas se considerarán a cuenta de todo incremento que pudiera otorgarse o acordarse en el marco de la negociación colectiva durante el 2020.
Agencia EFE

El Gobierno de oficializó este martes, a través de un decreto, una subida salarial mensual de 4.000 pesos (US$66) para los funcionarios públicos que cobren hasta 60.000 pesos brutos (US$ 1.000), para compensar los efectos de la crisis económica sobre el poder adquisitivo.

El texto, publicado en el Boletín Oficial, detalla que el incremento consistirá en sumas fijas remunerativas no bonificables mensuales, que se abonarán mediante una suma de hasta 3.000 pesos sobre los salarios correspondientes a febrero, a los que en marzo se adicionará los otros 1.000.

“Los incrementos dispuestos en los artículos precedentes solo corresponderán cuando la retribución bruta, mensual, normal, habitual, regular y permanente aprobada vigente al 31 de enero del 2020, no supere la suma de 60.000 pesos”, establece el decreto.

Estas sumas se considerarán a cuenta de todo incremento que pudiera otorgarse o acordarse en el marco de la negociación colectiva durante el 2020.

Ya el 3 de enero pasado, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anunció una subida por el mismo monto para los trabajadores del sector privado que también se aplicará en dos tramos, uno de 3.000 pesos (unos US$47) en enero y los 1.000 restantes (unos US$16) en febrero.

"La crisis económica que atraviesa nuestro país ha deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios del personal perteneciente al Sector Público Nacional", enfatiza el texto.

Estas subidas salariales llegan después de que el 21 de diciembre del 2019 se sancionara la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, impulsada por el gobierno de Alberto Fernández y que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre del 2020.

En el mensaje enviado al Congreso junto al proyecto se establecía que “para garantizar el camino de recuperación” de la economía -en recesión desde abril del 2018, con alta inflación y devaluación de la moneda-, es necesario “mejorar los ingresos de las y los trabajadores, lo que permitirá dinamizar el mercado interno y generar un círculo virtuoso de producción y empleo”.

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