El reglamento no dejará de ser un esfuerzo del consenso, según el ministro de Justicia, Salvador Heresi.
El reglamento no dejará de ser un esfuerzo del consenso, según el ministro de Justicia, Salvador Heresi.

La semana pasada, el Ejecutivo puso a consulta del sector privado el , que reemplaza al  Esta norma busca garantizar el pago de la reparación civil de las empresas vinculadas a los escándalos de corrupción cometidos en confabulación con el Estado y dar continuidad a la cadena de pagos y a los proyectos de infraestructura.

Según fuentes del Ejecutivo, el referido proyecto de reglamento fue enviado con anterioridad a las instituciones del Estado como la Sunat para recibir sus comentarios, y luego al sector privado con el mismo fin.

“Lo que buscamos es que esta norma sea bien conocida y entendida por el mercado para dar certidumbre”, dijo una fuente que prefirió el anonimato.

Si bien la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) ha mostrado sus objeciones sobre esta iniciativa, la banca se muestra a favor.

Un ejecutivo del área de banca corporativa de un importante banco local dijo a El Comercio que las fórmulas financieras para calcular las reparaciones civiles previstas en el proyecto son claras y permiten tener certidumbre sobre el flujo de caja de las empresas. Esto es necesario para determinar si una compañía es sujeto de crédito o no.

“El apoyo [financiamiento] de los bancos va a estar ahí, porque ya se sabe qué va a pasar con las empresas. Esto era algo que estaba en duda”, dijo la fuente.

AFIN había criticado el plazo que el proyecto prevé para la realización de los aportes al fideicomiso de garantía para la reparación civil.
Anoche, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, afirmó que “el reglamento, al igual que la ley aprobada [Ley 30737], no dejará de ser un esfuerzo del consenso”.

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