El proyecto PTAR Titicaca contribuirá a la reducción de enfermedades causadas por aguas residuales. (Foto: Andina)
El proyecto PTAR Titicaca contribuirá a la reducción de enfermedades causadas por aguas residuales. (Foto: Andina)
Redacción EC

No cabe duda que en materia de servicios públicos, el sector es el más rezagado en nuestro país. Los diagnósticos e indicadores que permiten corroborar ello abundan y en ese sentido desde el 2016 se ha emprendido una reforma que, de lograr los resultados esperados, permitirá un cambio profundo de este sector en los próximos años.

Para lograr este objetivo, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), se tomó desde años atrás, la adecuada decisión de apostar por las Asociaciones Público-Privadas (APP) como el mecanismo más eficiente que permita cerrar la brecha del tratamiento de las aguas residuales.

No hay que olvidar que este tratamiento es la etapa del ciclo del agua donde mayor rezago se tiene, pese a que el Estado ha invertido mucho y mal fuera de Lima, tal y como lo corrobora la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Sunass (en su Diagnóstico de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) del 2015, se concluye que de más de 200 plantas construidas a nivel nacional, son menos de 10 las que operan de manera adecuada).

A la luz de los resultados, la necesidad de un cambio era fundamental y sobre esa base se ha realizado una exitosa promoción de la participación privada en el sector, la cual se corrobora con el portafolio vigente que tiene el MVCS, con un total de 20 PTAR en proceso.

Estos se encuentran en diferentes fases del ciclo de una APP y en total involucran inversiones por más de US$ 1.200 millones, que estarán en operación, de ser gestionado el ciclo del proyecto de manera adecuada, a lo largo de los próximos cinco años.

La incursión de operadores privados en la construcción y gestión de esta infraestructura no es nueva, y recordemos que en el caso de Lima, hay experiencias positivas en materia de APP con las PTAR La Chira y Taboada, ya en operación, además de la que se construirá al sur de Lima, en el marco del proyecto Provisur, las cuales han permitido elevar de manera sustancial la cobertura en materia de tratamiento de agua residual, a más del 90% en la ciudad capital.

Si le damos una mirada al portafolio del sector, encontraremos que la iniciativa más avanzada (y que será adjudicada en diciembre próximo) involucra a 10 PTAR que se ubican en el área de influencia del Lago Titicaca y a este conjunto de plantas se suma el proyecto de una PTAR que prestará servicios a la ciudad de Huancayo.

El paquete de proyectos se complementa con plantas que serán desarrolladas, y en algunos casos rehabilitadas (recuperando la infraestructura existente) en las ciudades de Trujillo, Chiclayo, Cusco, Cajamarca, Tarapoto, Huaraz, Chincha, Cañete y Madre de Dios, lo cual evidencia el gran avance que se tendrá en esta materia.

Todo este proceso para un sector que muchas veces se veía como prohibido para la inversión privada, ha sido muy bien comprendido y apoyado por los alcaldes provinciales involucrados, cuyos Concejos Municipales han dado el paso adelante delegando el rol concedente en la materia al Ministerio, para que éste los represente en la concreción de las citadas APP.

Pero no sólo el sector privado puede incursionar a través de las concesiones para cerrar la brecha de tratamiento de aguas residuales. Otro gran desafío que se tiene es promover el reúso de las aguas residuales, sobre todo en zonas de marcado estrés hídrico, para minería, industria y agroexportación.

En Lima, hay varios municipios que están reusando estas aguas previo tratamiento para parques y jardines. En Arequipa, se tiene el caso de la Minera Cerro Verde, que construyó la PTAR La Enlozada, la que está tratando las aguas residuales de toda la ciudad de Arequipa para reusarla en sus procesos mineros, reduciendo la contaminación del río Chili.

Experiencias como éstas se pueden replicar en otras regiones, como es el caso de la provincia de Ica, una zona con estrés hídrico y con grandes agroexportadores que buscan hacer sostenible su crecimiento. Este tipo de oportunidades, en las que la oferta de las aguas residuales tiene demanda, es escaso.

Es así como está en proceso una subasta pública para que las aguas residuales de EMAPICA sean tratadas y reusadas en cultivos agrícolas. Con ésta, la población de Ica tendrá próximamente una nueva planta que será operada por una agroexportadora, beneficiando a los iqueños directamente pues dicho servicio no será cobrado en sus recibos, se evitará la contaminación de sus ríos y este reúso permitirá que se recargue la napa freática de algunas zonas de Ica.

En síntesis, la estrategia de cerrar la brecha analizada con aporte del sector privado dará sus frutos en los próximos años y permitirá un giro de 180 grados en la calidad de servicio del sector saneamiento.

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