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Camisea es la reserva de gas natural más importante en nuestro país, diez veces mayor a cualquier otra descubierta en el territorio y una de las más importantes en América Latina, por lo que su aporte es indiscutible con más de S/ 40 mil millones por regalías e impuestos desde su inicio de operaciones en el 2004.
Por ello, es preocupante el pedido realizado por el presidente de la República, Pedro Castillo, al Congreso, para que se trabaje en una ley sobre la estatización o nacionalización del gas de Camisea a fin de destinarlo exclusivamente al mercado interno.
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Al respecto, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), calificó dicho pedido como una amenaza que atentaría contra la inversión privada y quebrantaría la reactivación económica.
“Ya se van a cumplir 100 días de gobierno y observamos que no hay un rumbo claro en la conducción del país. Solo encontramos anuncios contradictorios que satanizan la inversión privada y deslegitimizan su real contribución al desarrollo del Perú”, enfatizó De la Flor.
Por su lado, Juan Fernando Correa, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), definió el discurso del mandatario como un retroceso que le da continuidad a la incertidumbre que vive el país.
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“Visualizamos tres aspectos preocupantes: que el nuevo Gabinete no ha cambiado nada con relación al anterior, la incertidumbre que va a afectar a la generación de empleo y la subida del dólar”, dijo Correa.
Asimismo, para Correa el problema no es que el gas sea explotado por una empresa privada, sino la incapacidad del Estado para masificar su distribución por falta de infraestructura.
En esto último coincide Peter Anders, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).”Seguimos en este idioma dual, en el que el presidente sale (del país) y habla de economía y que no se estatizará o expropiará, pero vuelve y cambia de discurso dependiendo del auditorio que tiene. Esto ahuyenta a los inversionistas y ya el dólar está reaccionando”, afirmó.
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Anotemos que la divisa estadounidense se encuentra en su tercer día de alza, cerrando ayer en S/3.988, siendo una de las monedas con peor desempeño en los mercados emergentes. Asimismo, las acciones y bonos se debilitaron, cayendo un 1,1% el índice bursátil, luego del anuncio del presidente sobre Camisea.
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Camisea infografía
Por su parte, Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), manifestó que el gremio al que presenta no está de acuerdo con ningún tipo de estatización en ningún sector. Sin embargo, entendiendo el discurso de nacionalización como sinónimo de masificación, avalaría la propuesta ya que en los últimos veinte años no ha habido una política real para impulsar la masificación del gas.
Además, agregó que la gran mayoría de empresarios pequeños y medianos “se empiezan a preguntar qué está pasando, porque [en el Gobierno] ya tenían un discurso claro, pero esas inversiones inmediatas se ponen en duda [dadas las circunstancias]”, anotó Márquez.
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Además, las declaraciones brindadas por el presidente y las consecuencias que estás podrían generar también fueron apuntadas por Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, quien durante un foro organizado por la Cámara de Comercio Americana (Amcham) ayer, comentó que las expectativas empresariales sobre la economía peruana se podrían ver afectadas.
“Las encuestas de agosto fueron muy negativas, mejoraron en setiembre y esperábamos que mejoren [las expectativas de las empresas] fuertemente en octubre, pero luego del anuncio de ayer [del lunes], es posible que no sea con la intensidad que anticipamos”, señaló Velarde.
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Estatización y arbitraje
El término “nacionalizar” no existe en los conceptos económicos, pero sí el de “estatizar”, aclara el economista de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Marcel Ramírez. Para él, “estatizar” significa que el Estado tenga parte de la propiedad de las empresas.
Por otro lado, para Mario Reggiardo, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, el término “nacionalizar” es un concepto político, y “expropiar”, uno estrictamente legal. Este último refiere la acción del Estado de hacerse de una propiedad, bajo un procedimiento legal y válido, pagando una indemnización por el daño causado.
En ese contexto, Reggiardo afirma que ante la cancelación de la concesión o la expropiación de activos, el Estado peruano podría exponerse a que el Consorcio Camisea presente una solicitud de demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por una indemnización calculada entre los US$ 20.000 millones y US$ 30.000 millones.
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