Además, los gobiernos que reciban recursos por concepto de canon deberán destinar el 10% del total a institutos. (Foto: Andina)
Además, los gobiernos que reciban recursos por concepto de canon deberán destinar el 10% del total a institutos. (Foto: Andina)
Daniel Macera

De los S/64 mil millones provenientes del que se transfirieron a los gobiernos subnacionales entre el 2008 y el 2017, el 50% fue destinado a los sectores transporte, planeamiento y educación, mientras que el resto se distribuyó entre saneamiento (11%), agroindustria (9%), deportes y cultura (5%), entre otros, según un reporte de la (SNMPE).

De esta forma, y tal como estaba redactaba originalmente la Ley de Canon, el uso de sus recursos debía ser exclusivamente para el financiamiento o cofinanciamiento de obras de infraestructura con impacto regional y local.

No obstante, a partir de la publicación de la Ley 30848 (difundida ayer en “El Peruano”), los gobiernos regionales y locales podrán utilizar este dinero para financiar también proyectos de vivienda social. Esto a través del programa Techo Propio, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y específicamente mediante el apoyo en el financiamiento del Bono Familiar Habitacional y del Programa Nacional de Vivienda Rural.

Esto se deberá realizar de manera coordinada con el MVCS o el fondo Mivivienda.

De acuerdo con el autor de la ley, el congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio), la vivienda social debe tratarse como obra pública de infraestructura, por lo que esta medida permitirá a gobiernos subnacionales “hacer sus propios programas Techo Propio y Mivivienda en sus localidades”.

“En cualquier parte del mundo la vivienda social es tratada como obra pública. Aquí, por ejemplo, la reconstrucción de viviendas por el fenómeno de El Niño se hace bajo esta modalidad”, afirmó el congresista a este Diario.

DE ESCASA EJECUCIÓN

Lo cierto es que, si bien el menú de opciones de los gobiernos subnacionales para decidir el destino de los recursos del canon ahora será mayor, uno de los problemas de fondo sigue siendo el nivel de ejecución de su presupuesto.

De hecho, entre el 2008 y el 2017, las regiones que recibieron los beneficios de canon y regalías (estas últimas representando el 10,2% del presupuesto) promediaron un 65% en ejecución, con picos de 98% en localidades de Áncash y fondos de 29% en Apurímac, de acuerdo con la SNMPE.

Esta modificación a la Ley de Canon es puntual, mas no sistémica. No ataca el problema medular y central de la reforma que necesita el canon, que es cómo cerrar las brechas sociales a través de la mejora en la efi ciencia del uso de estos recursos”, sostiene Pablo de la Flor, gerente general de la SNMPE.

Para De la Flor, el gobierno debe repensar de manera integral la ejecución del canon estableciendo mecanismos de rendición de cuentas y “no pensando en pequeños parches que sumen nuevos usos”.

Así, ahora que las viviendas sociales particulares serán tratadas como obras públicas de alcance regional o local, el Estado deberá empezar por mejorar situaciones como la de Cajamarca, por ejemplo, donde, a la fecha, solo se ha ejecutado el 30% de los recursos anuales del canon.

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