Capitanía autorizó nuevo puerto sin consultar a Autoridad Portuaria Nacional

DARWIN CRUZ F.

A inicios de año, mientras reunían información para actualizar el plan maestro del puerto de Pucallpa, los técnicos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) encontraron un hecho que llamó poderosamente su atención: la Dirección de Capitanía de Puertos (Dicapi) había otorgado derechos de uso de área acuática en el río Ucayali a Santa Sofía Puertos, del Grupo Romero.

Con esa autorización, la compañía ha comenzado a levantar una infraestructura que, según un informe técnico legal al que El Comercio tuvo acceso, es un puerto de tres espigones cuyos pilotes ya han sido colocados en el mencionado río.

¿Qué de particular tiene esto? Todo, pues el organismo indicado para autorizar la construcción de infraestructura portuaria, de acuerdo a la Ley del Sistema Portuario Nacional, es la APN y no Dicapi. “Entonces estamos frente a una usurpación de funciones”, asegura Antonio Chipana, miembro del Comité de Puertos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

LA HISTORIA El 5 de diciembre del 2005, la Dicapi otorgó el derecho de uso de área acuática de 1.650 m² a la empresa agropecuaria Campo Verde para la instalación de un embarcadero fluvial homónimo, ubicado en el malecón Grau, distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, en la región de Ucayali.

Sin embargo, ese derecho de uso fue transferido por Dicapi a Santa Sofía Puertos el 18 de junio del 2012. Casi un mes después, la entidad emitió una resolución en la cual modifica el área de uso: ya no eran 1.650 m², sino 1.647 m² y precisa que la actividad a desarrollar será el embarque y desembarque de materiales y personal.

Luego, el 27 de noviembre del 2012, la Dicapi amplía el área acuática a 6.623 m² para la instalación de tres espigones. Además, se precisa que la actividad será la movilización de materiales y personal. Lo trascendente de este cambio es que permite que la infraestructura en construcción pase de ser un simple embarcadero a ser un puerto, con todas sus funciones.

“Para ello se necesita la autorización de la APN”, explica Frank Boyle, ex presidente de esta entidad.

LAS CONSECUENCIAS Esto podría ir más allá de una omisión por parte de la empresa o de una usurpación de funciones. De acuerdo con el informe técnico legal de la APN, la construcción del puerto en mención colisionaría con el desarrollo del puerto de Pucallpa, el cual ha sido priorizado por el MTC y la APN, y, teóricamente, debe ser concesionado por Proinversión próximamente.

El desarrollo del puerto de Pucallpa es importante, porque, junto a los de Yurimaguas e Iquitos, permitirá articular los ejes logísticos que conectarán al Perú con Brasil a través de las carreteras IIRSA Norte y Centro.

¿Por qué Santa Sofía Puertos no pidió esta autorización a la APN? El Comercio buscó la versión de la compañía, pero ningún ejecutivo estuvo disponible para contestar nuestras preguntas. Sin embargo, fuentes del sector nos comentaron que el proyecto de la empresa no es un puerto comercial, sino un embarcadero privado para movilizar carga especializada y no colisionaría con el puerto de Pucallpa. “Cuando se trata de este tipo de iniciativas privadas, basta con la aprobación de Dicapi”, afirmaron.

Buscamos a Dicapi y a la APN para que aclaren este asunto. Si bien no nos atendieron, el director de la primera, Edmundo Deville, respondió que tiene toda la documentación que sustenta sus decisiones. Mientras tanto, el titular de la APN, Ricardo Schwartzman, respondió que no se podía pronunciar sobre el tema porque está en investigación “y sería adelantar opinión”.

Sin embargo, Boyle explicó que la construcción de puertos de uso privado también debe ser autorizada por la APN.

Juan Carlos Zevallos, ex presidente de Ositrán, coincide y añade que el hecho de que hayan tantos cambios puede generar sospechas.

Cabe precisar que el Grupo Romero tiene interés desde hace años de hacerse de una concesión portuaria fluvial, tanto que evaluó la posibilidad de pujar por el puerto de Yurimaguas.

Por ahora es prematuro adelantar cómo terminará esta historia, pero el informe técnico de la APN afirma que los derechos otorgados por Dicapi podrían ser declarados nulos y Santa Sofía Puertos sería pasible de una multa de entre 20 (S/.74 mil) y 100 UIT (S/.370 mil).