Carlos Oliva: “No descartaría hacer algún ajuste a la reforma del ISC”

(Por Nicolás Castillo y Luis Fernando Alegría). Mientras las aguas en el plano político están agitadas, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, no pierde el foco en la agenda económica y, en particular, las claves para sostener el crecimiento en el mediano plazo. En conversación con El Comercio, adelantó sus planes en materia tributaria, laboral e infraestructura como drivers de la competitividad.

— Este año los ingresos tributarios están rebotando, pero no hay indicios para pensar que seguirá la tendencia el próximo año. ¿Qué están haciendo para mantenerla?
Hemos sacado un primer paquete de reformas y vamos a presentar al Congreso propuestas para tres grandes temas. Primero, exoneraciones tributarias. Queremos racionalizarlas, cambiarlas, mejorarlas y eliminar algunas. Es todo un paquete de proyectos que estamos evaluando y probablemente el primero que lancemos sea para la selva, que está bastante avanzado. Haremos un esquema como el de San Martín: cambiar las exoneraciones por un fondo que facilite inversión.

—¿Cuál sería la segunda?
Tiene que ver con la simplificación de los regímenes del Impuesto a la Renta. Ahora tenemos cuatro y queremos reducir ese número.

—¿A cuántos regímenes apunta y en qué plazos?
Yo quisiera reducirlo a dos regímenes. He pedido un esfuerzo para que podamos manejar solo dos regímenes. Luego que se tenga la propuesta, tenemos que conversarlo con la Sunat para verificar la viabilidad de su aplicación, después de eso iremos al Congreso.
Si bien me gustaría que esto se pueda aplicar a partir del 2019, no sé si lleguemos. Lo más probable es que sea a partir del 2020. El cuello de botella podría ser la parte operativa de la Sunat.

—¿La gran apuesta siguen siendo los comprobantes de pago electrónicos?
Así es. Actualmente hay un tramo de hasta 7 UIT exoneradas de Impuesto a la Renta y queremos llevarlo a 10, pero condicional. Vamos a aumentar las posibilidades para utilizar esa deducción [adicional] de 3 UIT que están en el IR de las personas. Para empezar, vamos a incluir los recibos por honorarios de todos los oficios. Puede ser de un abogado, un médico, un psicólogo, personal trainer, etc.
Además, vamos a ampliar algunas compras en tres o cuatro giros: restaurantes, bares y cantinas y hoteles.
Cualquier compra que hagamos en un restaurante nos va a permitir incluirla en la deducción de esas UIT. Todo esto se podrá hacer a partir del 2019.

—Esto implicaría aumentar las devoluciones de impuestos...
Todos los trabajadores que estamos en el régimen de cuarta y quinta categoría, cuando declaremos el IR del 2019, vamos a recibir un ingreso extra. Según nuestros cálculos, una persona podría estar recibiendo, en promedio por estas deducciones, unos S/1.800. El máximo es aproximadamente S/3.800. Creemos que esto va a ser una de las principales herramientas para reducir la evasión.

— En cuanto a la reforma del ISC, ¿habrá cambios?
En términos generales ha dado los resultados que se esperaba. Sin embargo, estamos evaluando temas particulares donde podría pasar que la política no haya tenido el resultado esperado. Pero todavía no tenemos suficiente información. Necesitamos un poco más de datos y ver cómo venían los sectores. Por ejemplo, las ventas de un sector podrían haber caído en julio, pero tenemos que ver cómo venían en mayo, porque de repente el problema no es el ISC, sino otro.
No descartaría que en algún momento podamos hacer un ajuste que va a ser estrictamente técnico. Si tenemos la evidencia de que lo que se hizo no está teniendo el resultado que se preveía –o se hizo una mala calibración o lo que sea– vamos a tomar las medidas correctivas.

—Para todo esto, necesitamos tener un jefe en la Sunat...
Claudia Suárez se quedará en el puesto y yo confío en que ella haga una buena labor. No descartaría que se pueda quedar en el puesto. En todo caso estamos viendo el tema con calma. He conversado con ella y tiene todas las prerrogativas de jefe de la Sunat.

— En julio se prepublicó el Plan Nacional de Competitividad. ¿Cuándo saldrá la versión final?
Esperaría que las próximas dos semanas terminemos las conversaciones en Consejo de Ministros y podamos aprobar esta política que sería la primera política de estado promovida por este gobierno. Seguramente después van a salir políticas complementarias de inclusión social, salud, educación, etc.

— ¿Ya se han tomado acciones en alguno de los nueve pilares del plan?
Ya estamos haciendo una serie de cosas, como preparar la metodología para armar el Plan Nacional de Infraestructura, ya salió el reglamento de las APP, estamos ampliando las mesas ejecutivas implementando la de innovación y tecnología.

— El tema laboral es uno de los pilares clave. ¿Qué se baraja sobre flexibilizar el mercado laboral?
Este concepto no es sencillo de proponer por varias razones: primero, hay un fallo del Tribunal Constitucional y tendríamos que hacer un desarrollo constitucional para hacer frente a eso. No es una ley cualquiera. También somos conscientes que hay que tener consensos mínimos para seguir adelante con la ley. Estamos trabajando en eso con el MTPE, con el apoyo de un organismo multilateral, para tener una buena propuesta técnica. Luego viene el convencimiento para que pase la valla del Congreso y de la opinión pública.

— En esa línea, el ministro Christian Sánchez ha dicho que quiere elevar las tasas de aporte a Essalud, lo que podría generar costos extras al Estado y al sector privado. ¿Está de acuerdo?
Todavía no ha llegado a Consejo de Ministros. He conversado con el MTPE y mi posición es que, antes de aumentar tasas, tenemos que hacer el esfuerzo por mejorar la eficiencia de los sistemas. En el caso de EsSalud tenemos muchos temas de gestión que deberían ser resueltos. Subir tasas debería ser el último recurso, una vez que ya hiciste todo el trabajo interno.
Una vez que agotemos esta reforma de gestión, podríamos comenzar a discutir un aumento de tasas. Pero no es conveniente hablar de eso si las ineficiencias siguen por ahí.

— Otro tema clave en los últimos días fue que el Congreso aprobó la Ley de Negociaciones Colectivas en el Estado. ¿Van a observarla?
Es muy probable que nosotros la observemos por varios motivos. El obvio es el tema de la derogación de decretos que salieron hace dos semanas, sin ningún tipo de justificación. Vamos a levantar nuestra voz. La derogación no ha pasado por comisiones, no hay dictamen ni sustento, es totalmente político. Vamos a pelear eso.
Estamos preparando los justificativos y no solo en el MEF. Estamos haciendo una sustentación sólida sobre por qué esto tiene que ser observado e iría de la mano con una propuesta que tenemos como Ejecutivo. No estamos en contra de la negociación colectiva, pero sí en contra de la manera en que se ha legislado. Hay que hacerlo siempre conservando los principios de la estabilidad económica.

— Ya salió un nuevo marco para las APP, pero no se puede aprovechar sin un Plan Nacional de Infraestructura. ¿Para cuándo estaría?
Nuestra meta es tenerlo listo antes de formular el presupuesto del 2020. Eso significa que, si no es al 100%, tener una buena base hacia mayo o junio del próximo año. Ahorita estamos en la etapa de definir la metodología, que es lo más importante.
Yo esperaría que en los próximos dos meses tengamos clara la metodología y comenzar a trabajar con el plan en sí. Mi meta es que este plan se plasme en el presupuesto 2020 y que guíe la orientación de ProInversión a partir de ese momento.