Chavimochic III: ¿Por qué no se entregan las tierras?

El Gobierno Regional de La Libertad anunció su intención de dar por finalizado el contrato con el consorcio Chavimochic SAC – intergrado por Odebrecht (75%) y Graña y Montero (25%)- porque incumplió con el plazo de cierre financiero, que debía presentar a fines de 2015.

Pese a que la decisión final depende de la opinión vinculante del Ministerio de Economía y Finanzas, existe un problema de fondo que deberá ser resuelto pase o no a manos de un nuevo concesionario: la entrega de tierras para las obras. 

Esta es la causal que el consorcio alega para justificar el incumplimiento del cierre financiero. 

"No es posible realizar el Cierre Financiero sin contar con los terrenos liberados, puesto que la obra a financiar no puede realizarse si es que no se cuenta con las superficies donde se debería construir, como ha sido reconocido por el mismo Proyecto Especial Chavimochic en sus comunicaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas", dijo a El Comercio la concesionaria el pasado 2 de febrero. 

En efecto, unas 16 mil hectáreas de las 19.410 hectáreas nuevas de la tercera etapa del proyecto están en litigio: la empresa azucarera Agrícola Chicama alega que son de su propiedad desde el año pasado. 

“Cuando vino la Reforma Agraria expropió las áreas agrícolas, pero Agrícola Chicama también tenía áreas eriazas como propiedad. En ese momento, se las expropiaron y después se dieron cuenta que las tierras eriazas no se pueden expropiar. Lo que se hizo fue reversión al Estado, pero no cerraron la partida de la empresa, sino que crearon otra partida y la inscribieron. Ahí está el tema. Ellos [Agrícola Chicama] dicen que son sus tierras”, explicó el gerente del Proyecto Especial Chavimochic, Miguel Chávez. 

“Estamos en diálogo con la empresa para buscar una salida al problema lo más pronto, sin afrontar el proceso judicial. Ojalá podamos llegar a un buen acuerdo”, dijo y prefirió mantener en reserva las opciones que barajan. 

Cabe destacar que según el contrato firmado en mayo de 2014 entre el Gobierno Regional de La Libertad y el consorcio, el Estado disponía de 6 meses para la entrega de los terrenos libres para las obras del canal, de lo que se hacía cargo el segundo. 

“Ese plazo se cumplió en noviembre de 2014”, precisó Chávez. 

La venta de los terrenos de la tercera etapa estará a cargo de Proinversión, una vez que entre en funcionamiento el canal, apuntó.