(Elaboración: Ángel Pilares/ El Comercio)
Miriam Romainville Izaguirre

A mediados de los años noventa el Perú enfrentaba la que sería su primera demanda ante el (Ciadi), que guarda en sus oficinas diecinueve expedientes del país.

Mine Or SA, que alegó expropiación indirecta de sus acciones en la Minera Yanacocha, es el primer caso conocido del Perú, pero no es el único. Son diecinueve los casos que el país ha enfrentado, de los cuales cuatro siguen pendiente y uno se dio a iniciativa del Estado, que demandó a Caravelí Cotaruse Transmisora de Energía SAC, consorcio conformado por Elecnor y Grupo Isolux Corsan de España.

Cifras millonarias De acuerdo al (MEF), el Perú ha gastado a la fecha US$43 millones 537 mil 280 por concepto de asesorías, consultoría. Adicionalmente, ha desembolsado US$8 millones 499 mil 791 por los servicios del Ciadi. El monto total sería mayor ya que el MEF no cuenta con la información de los gastos de cinco casos.

En detalle, el caso que involucra a Renco Group—que durante doce años operó a través de Doe Run Perú el complejo metalúrgico de la Oroya- fue el que demandó mayor inversión por parte del Estado, que gastó más de US$8 millones 47 mil para defenderse.

Con respecto a las contingencias que ha enfrentado el Perú, es decir, los montos que han solicitado los inversionistas al demandar al país, estos ascienden a más de US$49 mil millones. Solo en el caso Renée Rose Levy de Levi y Gremcitel la firma pedía nada menos que US$41 mil millones, ya que consideraba ilegal la expropiación de terrenos de su propiedad, ubicados en el lado oeste del Morro Solar .

Sin embargo, los montos más importantes son los que se ordenan tras finalizar el laudo. De acuerdo a data gubernamental, el Ciadi ordenó desembolsar a favor de los inversionistas más de US$19 millones y a favor del Estado más de US$109 millones. En ambos casos no se han concluido con los pagos. A la fecha, el Perú ha podido recuperar cerca de US$91 millones.

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