La población ocupada en el trimestre julio-setiembre fue de 3,74 millones de personas, una cifra menor en 1,2 millones frente al mismo período del 2019. (Foto: GEC)
La población ocupada en el trimestre julio-setiembre fue de 3,74 millones de personas, una cifra menor en 1,2 millones frente al mismo período del 2019. (Foto: GEC)
Ricardo Guerra Vásquez

Periodista en Economía y Negocios

ricardo.guerra@comercio.com.pe

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El Índice de Confianza del Consumidor de (), a cargo de e , se ubicó en 42 puntos en octubre, lo que significó una ligera mejora respecto a los dos meses previos, cuando no superaba los 40 puntos.

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Sin embargo, ello no impidió que alargue su tendencia a mantenerse en terreno pesimista. Este indicador todavía no logra superar la barrera de los 46 puntos, el último registro antes de que se inicie el estado de emergencia en el país producto del brote del coronavirus.

El reporte del Indicca señala que a partir de estos dos puntos se entiende que la recuperación de la situación económica de las familias en Lima Metropolitana viene a un ritmo menor que la producción nacional.

Jimk Coya, analista del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de Apoyo Consultoría, complementó que, desde el inicio de la pandemia, el factor que ha incidido en mayor grado sobre el ánimo de los consumidores es la expectativa sobre la situación económica futura.

Sin embargo, detalló que el resultado de las perspectivas en los últimos meses es inusual porque están fuertemente relacionadas con el contexto político, que viene turbulento por los roces entre el Ejecutivo y el Congreso.

“De todos modos, debe tomarse con cautela [el índice de confianza], porque las expectativas son volátiles. La mejora podría estar relacionada con la reapertura o con un factor sanitario”, señaló.

En esta línea, Coya apuntó que el aspecto que termina teniendo efectos más concretos en el ánimo de los consumidores es la situación del , del cual dependen directamente los presupuestos de las familias.

PERCEPCIONES SOBRE SITUACIONES ECONÓMICAS

El Indicca reveló que el 54% de las familias de Lima Metropolitana considera que su situación económica ha empeorado. Esto representó un ligero retroceso respecto al mes previo.

En esta línea, un 49% espera que su situación económica mejore. El grupo que tiene este deseo se incrementó en tres puntos porcentuales frente a setiembre, y es el segundo pico más alto desde que se inició el estado de emergencia.

Índice de Confianza del Consumidor de Lima Metropolitana (Indicca).
Índice de Confianza del Consumidor de Lima Metropolitana (Indicca).

Estas percepciones calzan con el último informe técnico sobre la situación del mercado laboral en Lima Metropolitana del INEI, donde se revela que la población ocupada en el trimestre julio-setiembre fue de 3,74 millones de personas,

Ante este contexto, para Coya resulta vital que las medidas laborales que busquen recuperar el empleo –como los subsidios a las planillas de las empresas– alcancen a sus beneficiarios totales estimados y se ejecuten con celeridad. Añadió que para revertir las actuales percepciones de las familias se debe apuntar al empleo de calidad.

Por su parte, Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, señaló que el Estado no solo debe generar incentivos laborales, sino que también debe trabajar en políticas que impulsen a las empresas a necesitar de más puestos de trabajo.

En detalle sobre la medida de subsidios, Lora observó que esté destinado solo a las empresas que han registrado pérdidas, pues consideró que no hay razón alguna para excluir a las que les ha ido bien durante este período de emergencia de contratar más si sus niveles de producción lo requieren. “El objetivo es recuperar el empleo”, indicó.

En tanto, Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, dijo que se debería flexibilizar las restricciones que todavía se mantienen.

“De nada vale incentivar las contrataciones cuando hay un freno en ciertas actividades. Se debería permitir un mayor aforo en los restaurantes y flexibilizar otras restricciones que aún se mantienen”, indicó.

Acotó que también se debería permitir la salida de las personas con comorbilidades que no pueden trabajar, pero siguen recibiendo remuneraciones. Propuso que en su lugar el Estado brinde un subsidio.