El gobierno del general Juan Velasco Alvarado lanzó más de 4.000 decretos con reformas estructurales. (Foto: Archivo)
El gobierno del general Juan Velasco Alvarado lanzó más de 4.000 decretos con reformas estructurales. (Foto: Archivo)
Luis Fernando Alegría

El conflicto social que comenzó en Chile hace poco más de dos meses ha puesto bajo la lupa el modelo económico que ha seguido el vecino del sur. A pesar de los logros macroeconómicos, la población ha estallado al punto de que ayer se convocó un plebiscito, que sería el primer paso para modificar la Constitución vigente.

En caso se aprobaran los cambios a la Carta Magna, una incógnita importante es la dirección que se tomará en el plano económico. Existe un abanico de opciones a seguir, pero la que parece ser la más nociva es la de un “capitalismo de Estado”; en el cual el sector público es el protagonista en la asignación de recursos de la economía.

Este contexto es muy pertinente para analizar los costos e impactos de largo plazo de hacer protagonista al Estado. Existe evidencia contemporánea de fracasos bajo un modelo de este tipo (como son Venezuela, Argentina o Bolivia) y, en el caso peruano, nuestra historia no muy lejana nos dejó una experiencia que demoró más de un cuarto de siglo en revertirse.

Se trata de las reformas que, entre 1968 y 1970, el general puso en marcha en el país. La junta militar llegó al poder luego de un golpe de Estado y, en esos dos años, lanzó más de 4.000 decretos con reformas estructurales.

Para cuantificar el impacto de esos cambios, los economistas César Martinelli y Marco Vega publicaron una investigación sobre el tema.

Así, llegan a dos conclusiones claves. La primera es que la reforma agraria y demás medidas tomadas por Velasco golpearon al país hasta dos décadas después. Lo segundo es que, si esas reformas intervencionistas no se hubieran llevado a cabo, la economía peruana podría no haber sufrido el colapso vivido entre la década de 1970 y 1980.

GOLPE DIFERENCIADO

El trabajo de Martinelli y Vega pone la lupa en tres variables claves: el PBI por habitante, la productividad del país –su capacidad de hacer más cosas utilizando menos recursos– y el stock de capital físico, es decir, la acumulación de infraestructura vial, de servicios, entre otros.

Para hacer el ejercicio cuantitativo, los autores utilizan una técnica denominada “controles sintéticos”, que permite crear la historia de lo que llaman un “Perú sintético”, es decir, la trayectoria de las variables claves en un escenario en que no existían las reformas de Velasco.

El resultado más saltante de todo es el deterioro que sufre el ingreso por habitante en el país. Si no se hubieran dado las medidas intervencionistas, el PBI per cápita en 1990 hubiera sido el doble de lo que alcanzó en la realidad, de acuerdo con los estimados de Martinelli y Vega.

La dinámica de deterioro fue haciéndose más evidente en el tiempo: hacia 1975, las reformas habían causado una pérdida de 10% en el por persona, que se elevaron a 30% para el quinquenio entre 1980 y 1985; para finalmente alcanzar el 50% en 1990.

Es importante notar que, de todas maneras, hubiera habido una caída en este indicador: a partir de 1975 se dio un choque de precios de exportaciones que no solo golpeó al Perú. Además, a partir de 1980 hubo otro choque, de menor influjo de financiamiento a países emergentes. Así, el contexto externo fue adverso, pero el modelo vigente resultó ser un autogol.

En segundo lugar, las pérdidas de productividad alcanzaron el 30% para 1990, si se compara con un escenario sin “capitalismo de Estado”. Esto se explica por lo ineficiente del sector público a la hora de asignar los recursos, que además hace que se reduzca el gasto privado. A esto se le suma que la actividad privada se contrajo en un entorno de incertidumbre e intervencionismo a discreción.

Finalmente, la inversión ineficiente del Gobierno trajo consigo menor inversión privada y, como consecuencia, se perdió stock de capital físico, respecto a la situación sin intervencionismo.

Según cifras del banco central, en los años 60 por cada sol de inversión pública había 3 soles de inversión privada. Para 1976 este ratio había caído a la mitad.

En conclusión, el desempeño del país se vio afectado en forma importante por la intervención del Estado en el sistema. La evidencia revela que desandar lo andado en términos macroeconómicos sería un craso error en el rumbo hacia el desarrollo.