Los consejos de la OCDE para mejorar la política regulatoria

La semana pasada, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su estudio sobre política regulatoria del Perú. Entre los principales hallazgos, están la falta de un análisis del impacto de las normas y la escasa coherencia de estas cuando se las evalúa en conjunto. Asimismo, el organismo internacional advirtió que los reguladores económicos no gozan de total independencia. 

El Gobierno ha señalado que seguirá las recomendaciones dadas por la OCDE en la materia.  No cabe duda de que mejorar la regulación en el Perú es una tarea pendiente, tal como se refleja en diversos índices mundiales sobre el tema. Especialistas dan luces de la situación actual y algunas pautas para mejorar la situación.

Solo en el papel
Teóricamente, todo proyecto de ley debe incluir un análisis costo-beneficio. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este se reduce en señalar que no perjudicará los recursos públicos sin entrar en mayor detalle. Un primer paso en línea con lo señalado por la OCDE sería exigir el cumplimiento de este requisito. 

“Las normas deben contemplar una consecuencia allí donde la entidad encargada no cumpla con hacer un adecuado análisis costo-beneficio. Por ejemplo, si el análisis costo-beneficio no es satisfactorio, el proyecto de ley no es tramitado por la comisión correspondiente”, opina José Ignacio Beteta, director ejecutivo de la asociación Contribuyentes por Respeto.

La OCDE también considera que existen yuxtaposiciones de competencias entre entidades para emitir y aplicar normas. “Hay demasiadas competencias por parte de varias entidades; e, incluso, hay posiciones contradictorias en algunos casos. Por ejemplo, hay contradicción entre el Indecopi y Osiptel sobre temas de competencia desleal o libre competencia. Entonces, se generan ese tipo de distanciamientos que sí pueden debilitar las políticas de regulación”, advierte Ivo Gagliuffi, socio de Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados. 

Paulo Pantigoso, ‘managing partner’ de EY, señala que, entre las recomendaciones dadas por la OCDE, está incluir medidas formales para la coordinación de los gobiernos subnacionales a fin de promover un coherente marco regulador nacional, tales como conferencias para intercambiar prácticas, mesas de ayuda y documentos guía.

Autonomía real
Por último, la OCDE destaca la falta de autonomía real de los reguladores económicos. Joselyn Olaechea, especialista de Lazo, De Romaña & Gagliuffi Abogados, indica que estas entidades no tienen una libre disposición de su presupuesto, pues dependen en última instancia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Esto repercute en que tengan los recursos limitados y no puedan desempeñar su rol de manera óptima. Coloca como ejemplo el caso de Osiptel, regulador de las telecomunicaciones. “¿Cuánto ha crecido el mercado de telecomunicaciones en los últimos años, y cuántos más funcionarios hay en Osiptel?”, anota.

Al respecto, la OCDE recomienda revisar sus vínculos con el Gobierno Central para mejorar su toma de decisiones.