Contraloría de la República: Solo cuatro de siete partidos políticos tienen propuestas para potenciar este órgano

El rol de este órgano autónomo es supervisar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado. Esto a través de sus gerencias regionales de control, los órganos de control institucional (OCI) y las sociedades de auditorías (SOA).

Los partidos que no tienen propuestas para la contraloría son Acción Popular (Yonhy Lescano), Renovación Popular (Rafael López Aliaga) y Avanza País (Hernando de Soto).

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Para Martín Cabrera, exgerente de Relaciones Interinstitucionales de la contraloría, indica que es preocupante que algunos partidos que afirman que se van a regir por principios del Imperio Incaico, humanistas o cristianos, no consideren propuestas para la contraloría, ya que para combatir la corrupción no basta con sus principios.

“El sistema nacional de control exige medidas normativas y legislativas con cierto nivel de conocimiento técnico. Eso solamente lo puede dar una norma que se origine a partir de una discusión concreta y específica sobre determinados aspectos”, dice Cabrera.

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En contraste, los cuatro partidos que sí tienen propuestas (Victoria Nacional, Juntos por el Perú, Fuerza Popular y Podemos Perú) coindicen en que fortalecerán la contraloría.

Al respecto, Cabrera advierte que ningún partido indica en cuánto tiempo lo hará, cómo lo hará y cuánto presupuesto va a demandar estas acciones. Asimismo, menciona que las propuestas parecen no estar del todo conectadas con la reforma del sistema nacional de control, que ya está en marcha.

“En el 2018 se aprobó la Ley de fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. Se han dado medidas importantes, como que todos los informes de control sean públicos, que se empiece la difícil tarea de absorber todos los órganos de control de todas las instituciones del Estado, el fortalecimiento de la capacidad operativa a nivel nacional, y el control concurrente”, afirma Cabrera.

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Para Alfredo Thorne, exministro de Economía, si los partidos han considerado en sus planes de Gobierno cómo fortalecer la Contraloría es porque están preocupados por la eficiencia del Estado.

“Los que no hacen propuestas quiere decir que no les preocupa la Contraloría porque no es algo que puedan vender fácil para atraer votos”, subraya Thorne.

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CONTROL CONCURRENTE

En cuanto a los partidos que sí han presentado propuestas, Podemos Perú y Victoria Nacional, por ejemplo, coinciden en fortalecer el control concurrente.

En esa línea, Thorne considera positivo fortalecer el control concurrente, ya que este ha permitido, desde su perspectiva, que las obras no se paralicen cuando hay observaciones, a diferencia de lo que ocurría en el pasado.

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Para ello, el extitular del MEF indica que se va a requerir un presupuesto mayor y eso se debe dar siempre que la contraloría justifique la relación que hay entre su presupuesto y las actividades que realiza, para, de esa manera, medir su eficiencia.

A su turno, Cabrera señala que si bien es importante fortalecer el control concurrente, los partidos políticos no mencionan cuáles son sus planes respecto a esta modalidad.

“La Contraloría apunta a que el control concurrente se expanda a todo tipo de contratación, como bienes, servicios y obras. Es importante que se hagan esas precisiones porque dentro de la reforma de la Contraloría, que ya está en marcha, probablemente los mejores resultados que se han tenido en la práctica se deben al control concurrente”, explica Cabrera, quien detalla que actualmente esta modalidad solo aplica a los contratos de la reconstrucción con cambios, de las obras paralizadas y sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19.

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ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL

De otro lado, Ramón Huapaya, socio de CMS Grau, destaca la propuesta de Juntos por el Perú de continuar con la incorporación de los órganos de control institucional (OCI) a la estructura del contraloría.

“Está muy bien. Es una idea plausible. Pero hay que ver qué tanto presupuesto hay para solventar esta propuesta”, señala el abogado.

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Actualmente, explica Huapaya, cada entidad pública tiene un equipo del OCI en sus oficinas. Sin embargo, algunos trabajadores son pagados por la entidad y no por la contraloría, lo cual podría significar que no todos los funcionarios hagan un control de manera independiente a la entidad que tiene a cargo.

Respecto a la propuesta de Juntos por el Perú, Cabrera indica que es una medida importante, que está siendo realizada por Contraloría actualmente, pero necesita más recursos económicos para agilizar el proceso.

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ROL SANCIONADOR

Otra propuesta es la de Fuerza Popular que busca restituir el rol sancionador de la Contraloría. Como se recuerda, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto esta capacidad de la Contraloría en el 2019.

Al respecto, Cabrera considera que es una propuesta interesante, ya que de esa manera se podría lograr que los informes de control que emite la Contraloría tengan un resultado efectivo en la propia entidad en donde se revelan los presuntos hechos de corrupción

“Actualmente, la Contraloría emite sus informes de control y estas tienen que ir a las propias entidades para que ellas sean las que sancionen a sus propios funcionarios, y si se encuentra delitos, al Ministerio Público. La capacidad sancionadora es lo único que aparentemente haría efectiva la labor de control, ya que eliminaría ese incentivo a que se sigan cometiendo fechorías”, afirma Cabrera.

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En esa línea, Cabrera detalla que con la potestad sancionadora, la Contraloría expulsa de la administración pública al funcionario por la comisión de faltas graves. Eso de manera independiente de la responsabilidad penal.

A diferencia de Cabrera, Huapaya considera que se debería derogar la ley que le da la capacidad sancionadora a la Contraloría.

“Ya existe un sistema disciplinario para luchar contra la corrupción que es la ley del servicio civil, que es la que se aplica ahora. Con la ley que le otorgaba la capacidad sancionadora a la Contraloría, no hemos visto una mejora de la gestión pública. Al contrario, vemos que se ha perjudicado, debido a esta ley que es muy draconiana, y que el mero error lo sanciona con la pérdida del puesto de trabajo”, afirma Huapaya.

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