Ejecutivo quiere evitar que precios de alimentos aumenten: ¿Por qué la especulación no puede sancionarse?

El presidente de la República, Martín Vizcarra, reconoció que los precios de algunos alimentos se han incrementado en algunos puntos de abastecimiento en el marco del estado de emergencia decretado para mitigar el avance del coronavirus en el país.

Sin embargo, complementó que esto no será “un problema”, dado que se normalizará en los próximos días.

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El mandatario explicó que esto respondió a que se han presentado problemas en la logística del transporte por las restricciones de tránsito, que exceptúan al transporte de alimentos.

“La logística del transporte está difícil en estos días. Hay camiones con productos de primera necesidad que han sido retenidos [el lunes] entre su zona de producción y los mercados, pero esto se irá solucionando”, dijo Vizcarra.

En esta línea, Christian Garay, director general de seguimiento y evaluación de políticas del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), señaló que atendiendo este inconveniente –que también se habría presentado entre los mercados mayoristas y los minoristas– el Gobierno publicó el lunes lineamientos que buscan aclarar aspectos relacionados a la cadena de abastecimiento en el decreto que restringe el libre tránsito por el período de cuarentena.

“Está garantizado el transporte de alimentos desde el centro de producción hasta el usuario final”, remarcó.

NO COMPRAR DE MÁS

Garay señaló que el principal motivo de que el precio de los alimentos se haya incrementado por estos días responde a las compras excesivas que han realizado las personas.

Esto, pese a que diversos gremios industriales como la Asociación Peruana de Agroindustriales del Azúcar y Derivados (Apaad) y la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) han asegurado que la cadena de abastecimiento y producción puede satisfacer la demanda, por lo que los precios no deberían ser afectados.

Para Clímaco Cárdenas, el presidente de la Conveagro, por el contrario, debería abordarse el problema de que existe una cadena de intermediarios perversos que buscan lucrar con la incertidumbre de las personas.

Carlo Caro, CEO del estudio Caro & Asociados, explicó –sin embargo– que, si bien el artículo 234 del Código Penal incluye la especulación (que consiste en elevar el precio de productos de primera necesidad por encima del fijado por la autoridad) como un delito, en la práctica esta no puede sancionarse porque la norma ha perdido validez.

Esto porque el Gobierno ya no tiene competencias para fijar precios.

Al respecto, el titular del Minagri, Jorge Montenegro, señaló que la mejor manera de contrarrestar malas prácticas comerciales es estar informado sobre los precios referenciales de los productos y, así, no dejarse sorprender.

Por ello, recordó que el Gobierno dispone de portales como el Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (Sisap), que sirven como fuente de información a la sociedad.

Por su parte, Garay recomendó a los consumidores que busquen un sustituto a un producto cuyo precio esté elevado.

“Los consumidores en los centros de abasto se han ido reduciendo. Esperamos que los precios ya se mantengan y comiencen a bajar”, puntualizó.