Katherine Maza

Un sector clave, que mueve la aguja de la producción nacional y emplea a más de un millón de personas en el país, es el de . Este solo crecería 3,5% este año, según la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

Dicho resultado se ubicaría por debajo de lo previsto por el Banco Central de Reserva (5,4%) y el Ministerio de Economía y Finanzas (5,4%), y se explicaría por las barreras que desincentivan la inversión y desarrollo de proyectos , de acuerdo con .

Fuente: Capeco
Fuente: Capeco

MUNICIPALIDADES

Uno de los principales obstáculos del sector es el número cada vez mayor de municipalidades que –de acuerdo al vigésimo sexto Informe Económico de la Construcción de Capeco presentado ayer– afectan la oferta formal de viviendas y, específicamente, la vivienda social.

Entre estas se encuentran el retiro de licencias previamente otorgadas, el cobro de licencias que superan los límites establecidos por ley, el establecimiento de áreas mínimas de departamentos, entre otros. Según señala Capeco, 70 proyectos urbanos serían los afectados actualmente por las razones antes mencionadas.

“Si las municipalidades anulan licencias o no permiten viviendas sociales en ciertas zonas, esos proyectos no se van a construir”, advirtió el director ejecutivo del gremio, Guido Valdivia.

Y es que, cada municipalidad genera su propia normativa y maneja sus propios plazos. En ese sentido, Luis Tagle Pizarro, gerente de Desarrollo Urbano y Económico de la Municipalidad de La Molina, explica que en el caso de este distrito, se determinó una densidad máxima de tres pisos con azotea debido a que aún hay zonas que cuentan con agua por horas. Además, resalta que el suelo arenoso del distrito provoca el hundimiento de algunos inmuebles después de un sismo.

En esa línea, la conectividad de La Molina es otro problema, indica Tagle Pizarro, y mientras que este no se resuelva, no es posible recibir proyectos de mayor densidad poblacional.

Más allá de las problemáticas que enfrenta cada distrito, el arquitecto y urbanista Jorge Ruiz de Somocurcio, identifica dos trabas estructurales. “El mayor obstáculo [...] es la discrecionalidad de los funcionarios que demoran meses o años en aprobar licencias o estudios y la falta de un plan urbano”, resaltó.

Fuente: Capeco
Fuente: Capeco

INICIATIVA LEGISLATIVA

Actualmente, el Impuesto Predial se paga el 1 de enero de cada año. En el caso de un desarrollador inmobiliario, este pago se realiza independientemente de la fecha en la que culmina una obra. Es decir, si esta termina en marzo, se abonará en enero del siguiente año. El desarrollador deberá asumir el costo hasta que traslade la propiedad del inmueble al nuevo dueño.

Hoy, cuando un proyecto culmina, el desarrollador inmobiliario solicita a la municipalidad la conformidad de la obra. Este trámite permite revalorizar el predio (tomando en cuenta la construcción realizada) y recalcular el Impuesto Predial que se pagará.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propone, en una iniciativa presentada al Congreso, que las municipalidades recauden dicho impuesto de manera inmediata una vez vencida la licencia de construcción, para ello no será necesario que el desarrollador reciba la conformidad de la obra.

El MEF aseguró a El Comercio que la medida propuesta no modifica la base imponible o las tasas del Impuesto Predial.