(Foto: Reuters)
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Redacción EC

El  vive sus últimos días. Mientras el Congreso discute modificaciones al proyecto de ley 2408 que le tomará la posta, fuentes de la Contraloría dieron alcances a El Comercio de lo que se logró con dicho decreto.

Según el D.U. 003, su objetivo principal era asegurar la continuidad de proyectos de inversión y cautelar el pago de la reparación civil en favor del Estado en casos de corrupción. La norma comprendía la creación de un , es decir, un fondo sobre el cual el gobierno se cobraría la reparación. Según se pudo conocer, al cierre del 2017, este fideicomiso llegaba a S/21 millones 384.172.

Estos recursos, según el D.U., provienen de retenciones que se le hizo a las empresas alcanzadas por la norma. Estas retenciones podían alcanzar hasta un monto estimado equivalente al promedio del margen neto de ganancia, después de tributos, de los últimos cinco años en proyectos similares.

Sin embargo, fuentes de este Diario revelan que el íntegro de este fideicomiso vendrían de retenciones de pago de entidades públicas a las firmas involucradas.

La cifra de algo más de S/ 21 millones se habría construido con 62 depósitos. Unos 43 de estos aportes se habrían hecho en dólares y, entre ellos, 37 corresponderían a empresas consorciadas con participación de .

Un 85% del dinero habría sido retenido por Provías Nacional.

También se supo que el control sobre estas retenciones no habría sido firme, pues ocho de los depósitos al fideicomiso no habrían sido identificados, ni a qué empresa se le retuvo el dinero, ni qué entidad o a qué proyecto corresponde.

Estos S/ 21 millones en el fideicomiso significarían un monto bajo, pues los proyectos en cartera afectos al D.U. 003 totalizan una inversión de S/67.651 millones.

El problema -según nuestras fuentes- es que el 70% de esa inversión está paralizada; lo que explicaría las escasas recaudaciones obtenidas para el fideicomiso y la ruptura de la cadena de pagos.

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