(Foto: El Comercio)
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Redacción EC

El Gobierno promulgó hoy en el diario El Peruano la Ley 30737 (ver ) que reemplaza al (que vencía mañana). Con esta norma se busca corregir las deficiencias del D.U. y asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de y delitos conexos.

La norma ordena la suspensión de las transferencias al exterior, la adquisición y retención del 50% del precio de venta en el fideicomiso de retención y reparación hasta alcanzar el monto de reparación y el íntegro de la deuda tributaria exigible.

También se establece la retención de importe a ser pagados por las entidades del Estado, la anotación preventiva y otras medidas.

Estas medidas aplican, según la norma, para las personas jurídicas con sentencia firme por delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes cometidos en otros países en agravio del Estado peruano.

También quedan sujetos a sus disposiciones los funcionarios o representantes de las personas jurídicas que hayan sido condenados con sentencia firme en el Perú o en el extranjero por la comisión de los delitos contra la administración público, lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes cometidos en el extranjero en agravio del Estado peruano.

Igualmente, aplica para las personas jurídicas que, directamente o a través de representantes, hubiesen admitido o reconocido la comisión de delitos contra la administración pública (hasta ahora, solo Odebrecht), lavado de activos o delitos conexos, o equivalentes ante autoridad nacional o extranjera competente.

El dispositivo legal incluye también acciones restrictivas contra los socios, asociados o consorciados de las personas vinculadas a actos de corrupción.

En ese marco, los socios o consorciados tendrán la obligación de constituir un fideicomiso de garantía que coadyuve al pago de la reparación civil; suspender las transferencias al exterior implementar un programa de cumplimiento y revelar información a las autoridades encargadas de la investigación.

La Ley 30737 fue promulgada luego de su aprobación por mayoría en el Pleno del Congreso, tras haber sido postergada el 13 febrero y debatida ocho veces por las comisiones de Justicia y de Economía de este poder del Estado.

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