Debate del PL que reemplazaría al D.U. 003 seguirá mañana

El Gobierno y diversos gremios del sector privado piden, con insistencia, que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley (PL) 2408, que reemplazaría al tan criticado decreto de urgencia (D.U.) 003; pues existen un total de 252 proyectos que están en riesgo de ser paralizados por la demora en aprobar la referida norma.

El viernes pasado, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Claudia Cooper, reiteró que las obras —ejecutadas por Odebrecht y otras firmas involucradas en el caso Lava Jato— se encuentran distribuidas en 20 de los 24 departamentos del país y solo en Lima, el equivalente de proyectos paralizados asciende a S/23.471 millones y son 425 mil los trabajadores afectados.

No obstante, el Congreso ya ha anunciado que continuará debatiendo el PL mencionado mañana martes 06 de marzo a las tres de la tarde, pues aún no ha podido llegar a un consenso respecto a las particularidades del proyecto y diversas bancadas —Fuerza Popular, Nuevo Perú, Alianza Para el Progreso— prevén presentar más textos sustitutorios para modificar lo establecido por el Gobierno en el dictamen.

EL QUINTO DEBATE
Durante la comisión conjunta de Economía y Justicia, los parlamentarios precisaron nuevamente los puntos de la norma con los cuales no están de acuerdo y sugirieron modificaciones. Percy Alcalá, de la bancada de Fuerza Popular, propuso que se pida información a la SBS y a la Sunat para saber a cuánto asciende la deuda real de las empresas investigadas en el sistema financiero.

“Se tienen que pagar las cuentas pendientes a las empresas proveedoras”, dijo el congresista.

Con él coincidió Marisa Glave, adjunta al grupo Nuevo Perú. “Hay que saber cuál es la deuda real de las empresas para saber de qué monto estamos hablando. El PL habla de la venta de activos; necesitamos saber el monto para tener idea del cálculo de la deuda de la reparación civil”, añadió.

Asimismo, indicó que su bancada no está de acuerdo con que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) sean la entidad que evalúe la información para la compra y venta de activos de las empresas comprendidas en el proyecto. “Debería ser la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) y el MEF”, precisó.

En tanto, criticó que se tenga presente el artículo 6 del PL del Gobierno. “Se señala la posibilidad de modificar los consorcios. Es decir, si sale la empresa corrupta -vende su participación- ¿el consorcio ya no tendría que pagar retenciones?”, se preguntó. 

Acotó también que se debe modificar la sétima disposición, vinculada a la Sunat. “¿Por qué el levantamiento de las medidas cautelares tiene que ser determinado por la ley? Eso debe ser determinado por el fiscal si forma parte del convenio de colaboración eficaz”, apuntó.

De otro lado, la congresista de Alianza Por el Congreso (APP), Marisol Espinoza, indicó que la información brindada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la semana pasada no fue precisa, pues dentro del listado de proyectos afectados -que suman S/30 millones- se encuentran obras que no fueron construidas por empresas corruptas. 

A su turno, la congresista de FP, Alejandra Aramayo, criticó "falta de interés" de la bancada oficialista para impulsar el PL. “A excepción de dos presidentes de comisión, no hay ningún congresista oficialista”, señaló casi al inicio de la sesión. 

Además, aseguró que aunque la bancada de Fuerza Popular (FP) envió por escrito sus comentarios al PL a la comisión, muchos no fueron tomados en cuenta. 

Por su lado, el legislador de Acción Popular, Yonhy Lescano, criticó la colaboración eficaz sugerida para las personas jurídicas.

"¿En qué ayuda? Los fiscales o los jueces lo han pedido? ¿Por qué el MEF lo está introduciendo? En el fondo, esto ayuda a las empresas corruptas para que sigan funcionando como si nada hubiera ocurrido. Si admiten que han incurrido en delito, la norma podría dejar de aplicarse total o parcialmente", apuntó. 

Además, aseguró que tal y como está planteado el proyecto 2408, la colaboración eficaz para personas jurídicas estaría contemplándose en el código penal, por lo que se aplicaría -de aprobarse la norma- a todas las empresas. Además, criticó que el sistema de colaboración eficaz permita que el Estado pueda decidir si cobra o no la reparación civil. 

"Según el proyecto, si las empresas confiesan van a poder seguir contratando con el Estado. A un colaborador eficaz hay que darle beneficios, pero no borrarle todo. Eso es incentivar el delito", agregó. 

“No es que aquí queramos favorecer a las empresas corruptas, es que se está sugiriendo una práctica internacional que funciona bien”, le respondió el congresista exoficialista Gino Costa. 

El parlamentario explicó que si las compañías aceptan los delitos de corrupción y contribuyen a la investigación -en función a su grado de colaboración-, podrían reducir su responsabilidad penal, bajar el monto de la reparación civil y, eventualmente, seguir operando.

Grandes empresas americanas han pasado por esto. Las empresas pagan una reparación civil y se les permite seguir operando [...] Sé que la ministra de Economía ha consultado el tema con el fiscal de la Nación y la respuesta institucional ha sido positiva", detalló.  

Por otro lado, Lescano indicó que los asesores y abogados que ayudaron a realizar transacciones a las empresas confesas deben también están contemplados en el proyecto. 

"Van a seguir haciendo informes bamba. Lo pedimos y no han hecho nada, ni siquiera facultar a los procuradores para que los investiguen. A ellos, posiblemente, los van a contratar como veedores. Eso no puede ser", sentenció. 

EL MEF
El viceministro de Economía, César Liendo, también presente en la sesión, aprovechó su intervención para explicar que el Ejecutivo no optaría por un nuevo D.U. 

Para poder activar este tipo de mecanismo, se requiere, según ley, de varias condiciones entre las que se encuentran la búsqueda de predicibilidad y una situación de carácter de urgencia que requiere de medidas que sean ejecutadas inmeditamente.

“Al momento que se dio la prórroga [del D.U. 003 días antes de su vencimiento], hubo un hecho imprevisible. Hoy ya no hay un acto de este tipo. Estamos en medio de la discusión del PL, por lo que no se eestaría cumpliendo al 100% los criterios que necesita un D.U”, indicó Liendo. 

Sobre el mecanismo de colaboración eficaz, criticado por el congresista Lescano, el funcionario recordó que el fiscal Rafel Vela -quien asistió a la comisión el 15 de febrero- aseguró que estaban de acuerdo con la implementación de la colaboración eficaz de las personas jurídicas. 

"Las personas jurídicas pueden colaborar pero seguir ejecutando los proyectos. La ministra [Claudia] Cooper dijo antes que para que haya reparación civil, los proyectos tienen que tener flujos", agregó. 

Asimismo, se mostró de acuerdo con la necesidad de implementar mecanismos de 'compliance' que mejores el gobierno corporativo de las empresas. 

"Este esquema de colaboración no imposibilita el pago de la reparación civil. Una cosa es la vía civil y otra es la penal, se pueden dar las dos, no son excluyentes", agregó. 

En ese sentido, explicó que la legislación brasilera si bien no contempla la colaboración eficaz de empresas, cuenta con un símil llamado "delación premiada". 

Sobre la crítica de la congresista Espinoza, Liendo aseguró que tal vez las empresas implicadas en la polémica no construyeron las obras, pero sí participan en la operación y/op mantenimiento de las mismas. 

Asimismo, saludó que los miembros de las comisiones apoyaran la idea de tener criterios explícitos para definir el cálculo de la reparación civil y se mostró de acuerdo con el control concurrente de la Contraloría. 

POLÉMICA
La sesión, que tomó casi tres horas,  también incluyó propuestas que generaron polémica.  Por ejemplo, Mario Mantilla, parlamentario de FP sugirió que las empresas tengan directores elegidos por el Minjus para que puedan cumplir con un plan operativo.

"Este régimen lo han establecido en Europa. Estos directores tendrán que verificar que se paguen a los proveedores y se cumplan con todas las obligaciones", precisó. Marisa Glave coincidió con su propuesta.

"Si el tema es la confianza, ellos tienen que recuperarla. Si ellos decidieron ser corruptos, que vean ellos cómo van a recuperar la confianza. ¿Por qué el Estado tiene que extenderles la mano?", agregó el parlamentario de FP.

A  su turno, Costa respondió a la sugerencia de Mantilla y reiteró que la figura de la veeduría (implementar la contratación de veedores para garantizar la transparencia en los proyectos) contemplada en el PL es mejor que la sugerida por Mantilla. 

"No creo que el Estado tenga que asumir la conducción de estas empresas. Parte de su patrimonio fue antes del D.U. 003, cuyo gran beneficio ha sido impedir que esto siga ocurriendo [perjuicios para el Estado]. Pero el D.U. ha generado problemas que estamos intentando subsanar", resaltó.

MÁS DATOS

• El Apra ha indicado que apoyaría el PL 2408. 
• Yonhy Lescano de Acción Popular aseguró hoy que tal como está el documento, su bancada no votará a favor del mismo. 
• Por su lado, el ex congresista oficialista Gino Costa se mostró a favor de la iniciativa. 

Lea más noticias de Economía en...