Empresas de telefonía móvil y Osiptel enfrentados por registro de prepagos

JUAN CARLOS CUADROS

Para el gerente de Usuarios del Osiptel, Humberto Sheput, las normas son claras. Las empresas operadoras de los servicios públicos móviles están obligadas a cumplir el artículo 9 del D.S. 024-2010-MTC. Ellas son responsables de lo que pasa en el proceso de contratación: en todo y no en una sola parte. Todas ellas están obligadas a llevar un registro de quienes contratan sus productos bajo la modalidad de prepago, dijo.

Y si no cumplen con registrar un DNI para cada línea, el regulador de las telecomunicaciones seguirá aplicándoles sanciones, como ya hizo con una multa por S/.5,3 millones en febrero a Movistar, Claro y Nextel. La norma regula un servicio público, por tanto, deben acatarla, dijo.

La reacción de las empresas operadoras no se hizo esperar. El director de Marco Regulatorio de Claro, Juan Rivadeneira Sánchez, señaló que el Decreto Supremo 024, que dispone que el registro de la línea telefónica prepago se realice al momento de la venta como medida para combatir la delincuencia que utiliza chips celulares para extorsionar y estafar, no ha funcionado, no funciona ni funcionará. No ha ayudado en nada para que disminuya esta modalidad de delitos.

Por el contrario, explicó, el esquema previsto en la norma puede resultar contraproducente, ya que expone los datos personales de los usuarios y fomenta actividades ilícitas como la suplantación de identidad.

En México, donde la violencia es extrema, el registro fue eliminado. En Venezuela, igual. Pero cada país tiene sus propias características y por lo que vemos en el Perú, las cosas no están dando resultado.

De la misma opinión fueron Elizabeth Galdo Marín, directora de Asuntos Regulatorios y Responsabilidad Corporativa de Telefónica del Perú, y José Montes de Peralta, gerente de Regulación y Negocios con Operadores de Nextel.

Junto con ellos, representantes del Ministerio Público y de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) se reunieron con el congresista Jaime Delgado, de la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento, para tratar de llegar a acuerdos que establezcan mecanismos más seguros en la comercialización de chips de líneas prepago.

DIÁLOGO FRUSTRADO El congresista intentó buscar un consenso con las operadoras, pero las posiciones de uno y otro lado hicieron imposible llegar a acuerdos.

Las operadoras proponen la eliminación o reforma del decreto supremo, pues consideran inviable su ejecución por seguridad. El regulador señala que las normas fueron dictadas con un fin: acabar con la informalidad.

No pudieron ponerse de acuerdo, ni siquiera cuando el fiscal provincial adscrito a la Fiscalía de la Nación, doctor Rodolfo Socla Alarcón, propuso el uso de un registro biométrico en los contratos de telecomunicaciones. Se trata de un sistema seguro porque impide las suplantaciones indebidas, argumentó. Pero sus palabras no tuvieron eco.

Tampoco las del congresista Delgado, quien instó a las empresas operadoras a tener circuitos de comercialización de chips más seguros como los vienen aplicando para las líneas pospago.

Al final, el parlamentario condenó la actitud de las empresas al no estar dispuestas a cumplir la norma, y, por el contrario, incidir en derogarla.

Luego de dos horas, cerró el debate afirmando que las empresas de telefonía no solo deben priorizar sus intereses económicos, sino también garantizar la seguridad de los usuarios.