Viviana Gálvez

El sector privado se encuentra a la expectativa de la decisión que tome el Poder Ejecutivo sobre la ley que elimina la obligación de pagar el (IGV) en relación con la exportación de .

Esto se debe a que, a pesar de que la medida ya fue aprobada por el pleno del Congreso, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ha manifestado en contra de la propuesta.

Actualmente, las exportaciones de servicios suman alrededor de US$6.000 millones al año y el objetivo es duplicar esta cifra en cinco años, indicó Mario Mongilardi, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, la cual, junto con otros 11 gremios, defendió ayer los beneficios de la norma en cuestión. Panamá y Costa Rica exportan servicios por US$12.000 millones y US$18.000 millones, respectivamente, señaló Mongilardi.

Para Óscar Vásquez, gerente senior de Aduanas y Comercio Exterior, Tax & Legal de KPMG, el cobro del IGV constituye un sobrecosto tributario y un freno importante para el crecimiento y desarrollo de los servicios que el Perú podría prestar, dado que nos resta competitividad frente a otros países que ofertan el mismo servicio, afirma. “Este monto representa más de 18% del precio final, teniendo en cuenta también el crédito fiscal acumulado en la adquisición de bienes y servicios relacionados con la exportación del servicio”, calcula Vásquez.

Evolución de las exportaciones peruanas. (Fuente: CCL)

OBJECIONES
La ley en cuestión ya había sido aprobada en el 2011, sin embargo, en el 2012 el gobierno emitió dos decretos legislativos que eliminaron en la práctica la inafectación de la exportación de servicios.

Las objeciones del MEF, en relación con la norma aprobada por el Congreso a inicios de mayo, consisten en que el costo fiscal era muy elevado, pues ascendería a S/771,7 millones. 

Sin embargo, Mongilardi sostuvo que el MEF está considerando a los servicios de transporte aéreo y arte, entretenimiento y esparcimiento, los cuales suman S/617 millones. Estos servicios no están incluidos en la norma aprobada por el Congreso, aseguró el dirigente, por lo que el costo fiscal sería menor.

Agregó que los servicios de telecomunicaciones, servicios complementarios de transporte, otros servicios administrativos y de apoyo, así como el alquiler de maquinaria y equipo y de bienes tangibles, ya están inafectos actualmente del pago de IGV. “No es cierto que el costo fiscal de esta ley sea S/771,7 millones. Es S/13,6 millones”, aseguró Mongilardi. Este Diario se comunicó con el MEF pero no obtuvo declaraciones.

ANTE LA NEGATIVA
En caso el Poder Ejecutivo rechace la propuesta, el Congreso aprobaría la medida por insistencia, señaló la congresista Luciana León. Sin embargo, advirtió también que esto no asegura que la norma sea del todo aplicable, pues corresponde al Poder Ejecutivo emitir el reglamento.

José Luis Noriega, presidente de Cómex-Perú, señaló que la exportación de servicios será parte de los temas que se propondrán para la agenda APEC, la cual se desarrollará en noviembre próximo en nuestro país. 

RUBROS DE SERVICIOS EN LA MIRA
Uno de los sectores que más provecho podría generar a partir de la ley de exportación de servicios es el médico.

La Cámara de Comercio de Lima indicó que semanalmente 42.000 turistas llegan a Tacna para adquirir servicios médicos.  Sin embargo, estos servicios son informales, pues no emiten comprobantes de pago ni al consumidor final ni lo exigen a sus proveedores.

Otro servicio que podría ser beneficiado es el turístico. Enrique Quiñones, presidente de Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno, indicó que hoy el servicio de tren que lleva a la Ciudadela de Machu Picchu es considerado de transporte público y no turístico, por lo que no genera devolución de impuestos. Agregó que este es un ejemplo de que aún hay IGV en el ámbito de transporte turístico.

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