Francisco Marcos -el comercio
Francisco Marcos -el comercio
Maricielo Garvan

El experto español en análisis económico del derecho, Francisco Marcos, visitó el país y conversó con El Comercio sobre el proyecto de ley que regula las

—¿Es bueno que haya diversas propuestas de ley para el tema de las fusiones?
En otros países también es frecuente que existan diferentes propuestas legislativas para adoptar nuevos instrumentos en materia de competencia, lo cual me parece positivo. Lo que sí hay que ver es que todas las ideas vayan en una misma dirección, sin excesos. En algunos países el control de fusiones está mal diseñado, por ejemplo en España, Portugal, y otros países toman como referencia umbrales subjetivos, esto genera muchos problemas.



A mi gustaría que, lo poco que puedo contribuir sí puedo, es que el Perú tenga una herramienta prudente, razonable, adecuada, equilibrada, eficiente, pro competitiva, técnica y no política.

—Se ha planteado que la SBS e Indecopi compartan la supervisión de fusiones, ¿este tipo de cooperación ha dado buenos resultados?
Este tipo de cooperación es muy frecuente, razonable y necesaria. Lo que probablemente es más difícil, es decidir cómo se da la cooperación y quien ostenta la facultad final de decisión. Creo que es razonable que en una eventual integración, la SBS diera su opinión pero la decisión final, previo informe preceptivo, la decida el

—Indecopi propuso un umbral de 118.000 UIT (S/495,6 mlls.), según estándares de la OCDE. ¿Qué condiciones de mercado o características de las empresas pueden determinar estos umbrales de forma más adecuada?
Es imposible que Indecopi fiscalice todas las fusiones, debemos fijar un umbral lo suficientemente alto como para que se revisen solo aquellas operaciones que pueden tener un impacto en la competencia, sin molestar a aquellas empresas que son inocuas o pro competitivas. La manera como se organizan los umbrales en los países es variada y creo que frente a sistemas como el español o el portugués, que se fijan en la cuota de mercado, es terriblemente subjetiva, Perú va por buen camino.

—¿Este cambio de umbral es técnicamente factible o toma mucho tiempo actualizarlo?
En muchos sistemas está previsto que se revise el umbral anualmente. De hecho, este tipo de cláusulas no solo están en materia de competencias sino de sociedades, regulaciones de bienes mercantiles, etc. Por otra parte, si nos preocupa el tema de la corrupción, no creo que el control de fusiones sea la herramienta más idónea por la importancia de la reputación de las instituciones.

El control de fusiones puede suponer un coste adicional para las empresas, lo supone de hecho, pero es un coste que compensa con los beneficios que da.

—¿Cuáles son las opiniones técnicas mínimas que aseguran las buenas prácticas internacionales en el control de fusiones?
En el mundo hay cerca de 90 países que tienen un sistema de control de fusiones, pero no todos tienen una autoridad de defensa de la competencia que supervisa esto. Hay otros que solo controlan conductas, como Perú hasta ahora. Luego hay mucha diversidad en la manera como lo organizas, hay sistemas con controles voluntarios, obligatorios, notificación ex ante y ex post.

Lo más frecuente es que sea encargando a un organismo especializado independiente. Por otro lado, creo que es un error ver el control de fusiones como algo estático, si bien nació como una herramienta básica, ha ido evolucionando a lo largo de los años, debe ser dinámica.

—En cuanto a las sanciones, se impondrá una multa de 125 UIT (S/525 mil), ¿cómo son las sanciones a nivel internacional?
Una vez diseñada la sanción, estableces una obligación de notificación, una suspensión, se traza el perímetro de control y cualquier compañía que sale de este recibe una sanción. Las multas que se imponen [en otros países] suelen ser mucho más elevadas que las que mencionas.

Por ejemplo, hay una compañía francesa de telefonía móvil, ALTIS, que ha sido sancionada en dos ocasiones: una por la autoridad en Francia y luego por la autoridad de la UE, por una fusión sin notificar. La primera sanción fue por 125 millones de euros; la segunda, por 80 millones de euros.

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