Poder Judicial enviará proyecto de ley al Congreso para que sea visto con carácter de urgencia. (Foto: Agencia Andina)
Poder Judicial enviará proyecto de ley al Congreso para que sea visto con carácter de urgencia. (Foto: Agencia Andina)
Redacción EC

(Informe de El Comercio-IPE). Durante la semana pasada se inició en el Congreso de la República el debate sobre la Ley de Presupuesto 2019. En el contexto de la situación política que atraviesa el país, un vistazo a los recursos asignados al y de qué forma se utilizan se hace pertinente.

RADIOGRAFÍA
La función justicia comprende las actividades públicas que tienen el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley y es realizada, principalmente, por nueve instituciones: el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Penitenciario (INPE), el Ministerio de Justicia (Minjus), la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Tribunal Constitucional, el Fuero Militar Policial y la Academia de la Magistratura. En el 2018, estas nueve instituciones disponen de un presupuesto de aproximadamente S/5.750 millones (3,1% del presupuesto total, o 0,8% del PBI) para cumplir con sus actividades del año. Entre ellas, el Poder Judicial (40%), el Ministerio Público (32%), el INPE (15%) y Minjus (10%) administran más del 95% del presupuesto total de la función.

El costo de la justicia.
El costo de la justicia.

El Poder Judicial asigna el 80% de sus recursos a actividades relacionadas con la administración de justicia y el 20% restante a actividades de gestión. Dentro de la administración de justicia, se encuentran los recursos que financian el funcionamiento de las 29 cortes superiores de cada distrito judicial y la Corte Suprema. De forma análoga, el Ministerio Público designa, aproximadamente, el 83% de su presupuesto a la administración de justicia, con lo cual se financian las acciones legales de la Fiscalía de la Nación, fiscalías supremas, especializadas, superiores, provinciales y distritales. El restante 17% es destinado a funciones de gestión.

La mayor parte del presupuesto se destina al pago de personal y a la contratación de servicios. Destaca el pago para Contratos Administrativos de Servicios (CAS). Así, en su conjunto estas dos partidas explican el 82% del presupuesto, mientras que las inversiones solo el 13%. El 5% restante se destina a la compra de bienes, otros gastos y donaciones y transferencias.

Según los estimados de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (Ceriajus), en el 2004, la reforma de todo el sistema judicial en función de sus propuestas tenía un costo total de S/1.346 millones de soles. En aquel año, este monto equivalía a 1,4 veces el presupuesto para la función justicia y 3,3% del presupuesto total.

En particular, el Ceriajus estimó que la modernización de los despachos jurisdiccional y fiscal requería una inversión de S/547 millones. Dado que el mayor gasto del presupuesto se destina al pago de personal, es difícil impulsar proyectos de computarización a gran escala, como lo recomienda la OCDE, con el objetivo de aumentar la productividad y transparencia de las instituciones. Al respecto, el Banco Mundial se encuentra en proceso de entregar un préstamo de US$200 millones al Poder Judicial para la modernización de la administración de justicia e implementación del expediente judicial electrónico en todo el país.

EVOLUCIÓN
A pesar de que la función justicia es relativamente pequeña, en los últimos 11 años ha ganado mayor participación en el presupuesto público total. Entre el 2007 y el 2018, esta participación ha aumentado de 2,2% a 3,1% del presupuesto total. Esto se debe a que en este período el crecimiento de la función (12%) ha sido superior al crecimiento del presupuesto público total (9%). Durante este mismo período los mayores crecimientos anuales en promedio han sido registrados en el Minjus (20%), Ministerio Público (15%) y el INPE (15%).

PRESUPUESTO 2019
La función justicia representa el 3,5% del proyecto de ley de presupuesto 2019. Respecto al año anterior, el presupuesto inicial de apertura (PIA) de esta función se incrementó 9,5%. Entre las instituciones encargadas, el presupuesto del Ministerio Público aumentó 13,6% respecto al PIA 2018, mientras que el del Poder Judicial se incrementó 12,9%. Ello equivale a un aumento de S/248 millones hacia el Ministerio Público y de S/293 millones hacia el Poder Judicial. Por otro lado, el PIA del Ministerio de Justicia se ha reducido 22,8%, que equivale a una disminución de S/124 millones.

INTERNACIONAL
El gasto en las instituciones de justicia como proporción del PBI que realizan los países de América Latina resulta similar. Así, el presupuesto que se destina al Poder Judicial en relación con el PBI en el Perú y Chile asciende a 0,30%. Esta proporción es similar a la de Colombia (0,32%) y México (0,33%). No obstante, en términos per cápita, el presupuesto que Chile destina a tres entidades de justicia –Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y Ministerio Público– supera en más de cuatro veces al Perú. El gasto per cápita chileno es de US$159, mientras que en el Perú alcanza los US$38.

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