Gobierno inicia una gran revisión regulatoria

El Ejecutivo revisará los procedimientos y normativas de todas las instituciones públicas en aras de simplificar los trámites administrativos del Estado.

Para ello, las entidades deberán elaborar un análisis de calidad regulatoria que será ratificado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) o las entidades correspondientes en un plazo no mayor a tres años, según lo especifica el reglamento del Decreto Legislativo 1310 publicado el sábado. La medida busca agilizar la burocracia en aras de impulsar la reactivación económica.

Con ello, todos los procedimientos que resulten innecesarios, desproporcionados y redundantes, o que no se encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento Administrativo General, serán eliminados o se ajustará su alcance.

LA COMISIÓN
Un punto significativo del mencionado reglamento es la creación de la Comisión Multisectorial de la Calidad Regulatoria, que estará integrado por tres funcionarios procedentes de la PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia. Este grupo de trabajo, que deberá instalarse en un plazo máximo de cinco días hábiles, será el responsable de validar el análisis entregado por cada institución pública.

“Se necesita una mirada multisectorial. Su trabajo debe ser muy ágil, pues debe responder rápidamente a las exigencias de los sectores y entidades del Estado”, considera José Luis Bonifaz, director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. En esa misma línea, Pierino Stucchi, jefe de Área de Competencia del Estudio Muñiz, considera positivo que la comisión tenga nivel viceministerial, y resalta que es necesario que el grupo goce de independencia e imparcialidad a la hora de evaluar determinada disposición administrativa.

EL MANUAL
Una de las tareas más relevantes que tendrá esta comisión es la elaboración de un manual que fije los lineamientos, criterios, metodología de evaluación y los formularios para analizar la calidad regulatoria.

Bonifaz recomienda que el manual incluya una medición de las cargas administrativas, la identificación y descripción de los trámites generados, los recursos y mecanismos de supervisión, entre otros.

Además, Jaime Dupuy, gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Cómex-Perú), considera que este documento debería contemplar una clara y precisa identificación del problema que se pretende enfrentar, incluyendo evidencia empírica de su naturaleza y magnitud, así como de las causas que le dieron origen. “Esta etapa es crucial para el desarrollo de todo el proceso, ya que una incorrecta delimitación del problema conllevará a diagnósticos y soluciones que no necesariamente son las más adecuadas”, advierte Dupuy.

Por su lado, Óscar Sumar, director ejecutivo de Regulación Racional, quien ha podido revisar este documento, resalta que este cuenta con un número significativo de plantillas que los funcionarios públicos deberán llenar para calcular el costo que generan las normas y que, además, son engorrosas y complicadas de llenar. “Es un trabajo que va a tomar muchas horas [...] El 90% de la información que estas plantillas contendrán será innecesaria para tomar la decisión de si la norma sirve o no”, asegura.

Para el especialista, el trabajo de los miembros de la comisión debería centrarse en “analizar con criterio y justificar de manera discursiva y retórica por qué les parece que una norma no debería existir”, apunta.

EL BALANCE
Para Sumar, la iniciativa planteada por el Ejecutivo cuenta con una inclinación antirregulación. “A mi juicio, esto es positivo para el Perú porque en los últimos años hemos tenido una tendencia a la sobrerregulación. Esta es una especie de podadora o navaja que va a quitar todo el exceso [de normas]”, destaca el especialista.

No obstante, Dupuy asegura que la evaluación ex post de la implementación de la regulación será un gran reto. Sumar coincide y critica que la revisión regulatoria planteada solo se realice luego de que las normas hayan sido publicadas, cuando lo más idóneo sería revisar las iniciativas antes de que estas se materialicen.

Por otro lado, Bonifaz señala que esta iniciativa no generará mayor burocracia, sino que, más bien, aliviará la carga de la Comisión de Barreras Burocráticas del Indecopi. Sobre esto, Dupuy añade que a pesar de que las entidades públicas deberán conformar equipos internos que revisen sus regulaciones y preparen el debido sustento –lo que significará una mayor carga de trabajo–, “esto no tendría por qué perjudicar su relación con los administrados”.

Así, para evitar que se generen demoras en emitir los informes y se diluya el impacto de la norma, Bonifaz recomienda que se reduzca de tres años a uno el plazo para que la Comisión Multisectorial de la Calidad Regulatoria emita su veredicto sobre los análisis presentados por las entidades.

Además, Stucchi advierte que el reglamento no hace referencia ni establece un requerimiento de capacitar a los funcionarios que se encargarán de elaborar, remitir y evaluar el análisis de calidad regulatoria.

Esto resulta importante ya que si los funcionarios públicos no son capacitados en el análisis costo-beneficio de la regulación que ellos mismos producen, no se está evitando que “propongan y mantengan procedimientos burocráticos innecesarios”, subraya el especialista.