Los gremios empresariales manifestaron su preocupación por el escándalo de audios que involucra a jueces, fiscales y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (OCMA) en presuntos actos irregulares.
Roque Benavides, presidente de la Confiep, consideró que el Ministerio Público debe investigar a los magistrados y el origen de las grabaciones.
En su opinión, si las investigaciones confirman que si es cierto el supuesto tráfico de influencias, debería hacerse una revisión de todo el sistema judicial.
"Si estas acusaciones son ciertas y se confirman luego de las investigaciones, se tendría que requerir y revisar toda la legislación que hay sobre el Poder Judicial y cómo se eligen a los jueces", sostuvo Benavides en entrevista con Gestión.
AHUYENTA LA INVERSIÓN
Una posición similar tuvo la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que demandó el inicio inmediato de las investigaciones y la aplicación de sanciones drásticas si se corroboran las denuncias.
"Actos como estos afectan la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y perjudican la imagen del país a nivel internacional. Demandamos una investigación que al más breve plazo arroje resultados concretos. No podemos permitir procesos eternos que no lleguen a nada. Estos audios nos enrostran que la corrupción alcanza a los más altos niveles de nuestro país", sostuvo la presidenta de la CCL, Yolanda Torriani.
La líder gremial advirtió, además, que el Perú pierde credibilidad con cada acto de corrupción que se descubre y a su vez se ahuyenta a los inversionistas extranjeros interesados en trabajar y generar trabajo en el país.
"Es muy grave que la instancia encargada de elegir a los jueces en el Perú se encuentre inmersa en acusaciones de corrupción. La capacidad de impartir justicia en un país es una garantía para la llegada de capitales privados y, si no es así, con el tiempo tendremos mayores dificultades para mantener al Perú como una plaza segura para las inversiones", remarcó Torriani.