La duración del trabajo de ampliación de la planta tendrá un plazo aproximado de 1 año. (Foto: USI)
La duración del trabajo de ampliación de la planta tendrá un plazo aproximado de 1 año. (Foto: USI)
Redacción EC

Mediante un hecho de importancia, informó que hoy inició formalmente el procedimiento de trato directo -etapa previa al arbitraje- con el Estado peruano a fin de solucionar la controversia en relación a la inversión realizada en el para recuperar su inversión.

La deuda del Estado se atribuye al concepto del valor contable neto de los bienes de la concesión del proyecto denominado “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, que el Estado peruano debe pagar a GSP – en
su calidad de concesionario del referido proyecto –. 

Graña y Montero, añade el documento, se ha visto obligada a tomar esta determinación ante la inacción del resto de accionistas del GSP y del Estado peruano durante casi dos años desde la terminación de la concesión.

Como se recuerda, en enero de 2017, el Gobierno dio por finalizado el contrato de concesión con el consorcio GSP, tras no lograr presentar el cierre financiero del proyecto. El Estado optó por ejecutar la garantía por US$262,5 millones.

Por un lado, GSP no ha adoptado ninguna medida legal para exigir el pago de lo adeudado en defensa de su patrimonio. Por otro lado, el Estado se ha rehusado a pagar la suma que debe a GSP y a reconocer el valor de los activos que a la fecha tiene en custodia.

"Confiamos en que el trato directo abrirá un espacio para promover una solución a la referida controversia que permita al Estado peruano evitar un litigio costoso e innecesario y reconstituir la cadena de pagos", añade Graña y Montero en el comunicado enviado a la SMV. 

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