“Hay gente que no paga el agua, pero sí S/80 por un celular”

Agua y saneamiento es el peor servicio público del país y por eso es un punto ineludible en la agenda de PPK. “Los servicios en este momento no son sostenibles en ninguna ciudad del país”, sentencia el ministro de Vivienda, Edmer Trujillo.

A inicios de año, el OTASS, el organismo técnico encargado de acompañar la gestión de las empresas prestadoras del servicio de saneamiento (EPS), reveló que el 70% de estas tiene problemas de sostenibilidad financiera.

Pese a la crítica situación, Trujillo afirma que el gobierno no privatizará ni dará en concesión la prestación del servicio.

—¿Cuáles serán las líneas de trabajo de su gestión ?

Tenemos que seguir haciendo inversiones eficientes. Esto significa inversiones que cierren brechas, que mejoren la calidad del servicio y que protejan el medio ambiente. También tenemos que trabajar el fortalecimiento de los operadores: las EPS, municipios y juntas administradoras de servicios de saneamiento (JASS). Pero eso debe tener una correspondencia en la tarifa. La población que recibe ese servicio tiene que pagar por ello. Esto de hacer populismo con el agua debe quedar afuera. No cabe duda de que el agua es un derecho humano, pero abrir el caño y que el agua caiga tiene un costo. Alguien tiene que asumirlo. 

— ¿Cómo se resolverá el problema de la tarifa?

El rol del regulador es fundamental (Sunass). Lo mínimo que debiera garantizarse con la tarifa son los costos de operación y mantenimiento. Pero eso no sucede. La tarifa tiene que sincerarse y progresivamente asumir el valor real. Y ahí seamos claros. Reitero: ya es momento de dejar de hacer politiquería con el agua. Hay mucha gente humilde que tiene telefonía móvil, que se resiste a pagar el agua, pero sí paga S/50, S/70, S/80 por un celular. Y esas cantidades son el doble o triple de lo que pagaría por agua.

—¿Cómo se dará el sinceramiento?

Hemos caído en un círculo vicioso, en el que la población se resiste a pagar por el servicio y, por el otro lado, quien brinda el servicio dice que no puede mejorarlo porque no le pagan. Ese círculo se rompe con inversión. Cuando el servicio mejora, obviamente tiene que tener su contraparte en la tarifa.

— Entonces, ¿el gobierno apuesta a que la gente pagará más debido a la mejora del servicio? 

Recordemos que tenemos un regulador que tendrá que cumplir su rol clave que es el de establecer la tarifa según el nivel de servicio brindado. 

—¿De dónde saldrá la inversión?

En el pedido de delegación de facultades legislativas proponemos la creación del fondo de inversión Agua Segura. Este partirá con S/2.000 millones [que están incluidos en el presupuesto asignado al Ministerio de Vivienda]. Nosotros apostamos a que este fondo, una vez creado, posibilite la captación de recursos del Estado, recursos privados, de tal manera que a través de ese canal se puedan financiar las inversiones que demanda mejorar el sector. 

—¿Habrá participación privada? 

No estamos pensando en vender empresas ni concesionar, pero los recursos del Estado por sí solos no son suficientes para resolver el problema. La participación privada, vía asociaciones público-privadas (APP), es una alternativa que sí se considera. 

—Pero muchas APP recientes sí son concesiones; por ejemplo, el aeropuerto de Chinchero. ¿Por qué en el caso de su sector las APP no serían también concesiones?

Es que en saneamiento las obras son específicas. Por ejemplo, en un aeropuerto, el privado asume la gestión integrada. Nosotros hablamos acá de manera muy específica. Por ejemplo, el Perú tiene la necesidad de construir plantas de tratamiento de aguas servidas.

No queremos que todas las EPS construyan estas plantas y contraten personal para que las operen. ¿Por qué no incorporar a un operador privado a quien le diga que necesito resolver este problema en una localidad determinada? Él se encargaría de plantear la solución, construir la infraestructura y operarlo por un tiempo. Nos referimos al proyecto puntual. Concesiones en agua y saneamiento existen en el Perú, es el caso de Tumbes. No es eso lo que buscamos.

—¿Por qué no?

Primero, porque no tiene aceptación en el país. Segundo, porque no tiene sentido perder tiempo discutiendo qué modelo es mejor: el público o el privado. Lo dijo el presidente Kuczynski. Lo cierto es que la experiencia demuestra en el mundo que hay éxitos y fracasos tanto con los modelos públicos como con los privados. Nosotros queremos apostar a que los operadores sean eficientes. Si eso implica que un componente, por ejemplo, aguas servidas, sea manejado por un privado, perfecto. Estamos de acuerdo.

— Otra alternativa de participación privada es el mecanismo de obras por impuestos (OxI), pero desde el 2009 se han realizado menos de 40 obras de saneamiento, de un total de 228 obras. 

Claro, pero coordinadas con los gobiernos regionales y locales. El ministerio no ha hecho ni una sola. 

— Claro, porque desde hace poco tiene recién la facultad para eso.

Desde hace algo más de un año. Y si en algo más de un año no hemos sido capaces de convocar un solo proceso de este tipo… 

En los próximos días estamos lanzando dos proyectos. Tenemos que impulsar las OxI. En el pedido de facultades legislativas, planteamos que OxI en agua y saneamiento no debería considerar solo la obra más el mantenimiento, que ahora está permitido, sino incluirse también la operación. 

—¿Eso no sería una concesión?

No, porque por OxI es una obra específica.

— Muchas EPS no cubren ni siquiera los costos que implica proveer el servicio. ¿Cómo se mejorará la gestión de los operadores?

El OTASS, que es parte del ministerio, hace una evaluación de las entidades prestadoras y determina cuáles califican para ser parte de un régimen de administración temporal, porque está en riesgo la prestación de los servicios. Creemos en ese mecanismo; pero en lo que no estamos de acuerdo –y es lo que pasa ahora– es que el OTASS no es efectivo.

—¿Por qué?

Se tiene que mostrar que con la participación de OTASS –en todo caso, del ministerio– empiezan a cambiar las cosas y eso no sucede. No se pueden mejorar las cosas a control remoto. Hay que estar allá. 
“Hay gente que es beneficiaria del bono del buen pagador, pero no lo necesita. Tenemos que focalizar mejor”.

MIVIVIENDA Y TECHO PROPIO

—¿Cuáles son los objetivos en el sector Vivienda?

La vivienda social. Nuestra línea de trabajo se orientará a la planificación urbana, generación de suelo urbano –identificar dónde puede construirse la vivienda, pero que también haya las posibilidades de acceder a los servicios públicos–, y las posibilidades de acceso al financiamiento. Estamos repensando los programas Mivivienda y Techo Propio. 

—¿Qué se piensa en el tema del financiamiento?

 Hay gente que no tiene capacidad de crédito ni de ahorro, y necesita una vivienda. Allí tenemos que llegar. Hay gente que, por ejemplo, es beneficiaria del bono del buen pagador pero no lo necesita. Eso significa que tenemos que focalizar mejor. No queremos quitarlo, sino reorientar los recursos hacia quienes realmente lo necesitan.

—¿Cómo se hará eso?

Hay muchas ideas: subir el bono, bajar las tasas de interés, cambiar el esquema del fondo Mivivienda. Estamos evaluando todas.

—¿Para cuándo se tendrá una decisión?

A finales de octubre debemos tener absolutamente claro lo que haremos.