Huida hacia adelante

La economía peruana deambula sin rumbo y la evidencia es más que clara. Las principales proyecciones de crecimiento económico para el 2022 empiezan a converger peligrosamente al 2,0%, con claro sesgo a la baja para los siguientes meses. Si todavía no caen más, se debe a la fantasía que nos hace vivir el actual boom de los minerales.

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Mirando al detalle los indicadores, desde la llegada de Pedro Castillo al gobierno, todos apuntan al suelo: la confianza empresarial en persistente estado de pesimismo; inversión privada en rojo; récord en reparto de dividendos, que es señal inequívoca de que acá ya no se quiere invertir; un empleo formal que no puede superar los niveles del 2019; salarios deprimidos y “rematados” por el actual escenario de alta inflación; y, elevada precarización del empleo acompañada de una informalidad laboral superior al 75%. En este contexto, vemos también como la tasa de pobreza se ha quedado estancada en 25%, sin visos de retornar a la senda de mejora que se describía antes de la pandemia.

Este desempeño tan miserable de nuestra economía, cuando contamos con vientos a favor para estar creciendo por encima del 5,0%, tiene como único responsable al presidente de la república y al séquito que lo acompaña. Desde el minuto uno en el que el presidente se colocó de espaldas a las prioridades del país, como es el generar inversión privada y empleo, y se empecinó con su agenda dogmática de izquierda radical, ya no hubo vuelta atrás. Se espantó a las inversiones generando una fuga de capitales sin precedentes, que respondieron a sus amenazas de quiebre institucional, a los ataques a sectores modernos como la minería y agroexportación, y a su voracidad por copar los puestos del Estado con incapaces integrales.

La insatisfacción de la población ante este escenario de parálisis, incertidumbre e inflación, donde observamos un gobierno carente de ideas, se palpa no sólo en las encuestas de opinión, sino también en las calles cuando la gente encuentra que les es imposible conseguir trabajo y que sus ingresos reales se han desplomado en más del 20% respecto al período pre-pandemia, según cifras del Banco Central para Lima-Metropolitana.

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En esta combinación de ineptitud y malicia, el gobierno se ha decidido a jugar con más fuerza el juego del populismo junto con la búsqueda de un culpable a quien “echarle el pato” de los malos resultados económicos. Así, a sus desastrosas medidas en el campo fiscal y laboral, ahora viene sumando la radicalización de sus mensajes con despliegue circense a nivel nacional. Todo discurso presidencial o de su premier sigue la rutina de atacar al modelo económico “neoliberal”, acusar a los “monopolios y oligopolios” de las penurias económicas de la población, para al final terminar, identificando su objetivo final: culpar a la Constitución de 1993.

Por ello es por lo que, en su último acto de prestidigitación, el presidente Castillo anunció en el Consejo de ministros Regional en el Cusco que está preparando un proyecto de Ley para consultar a la población si están de acuerdo con cambiar la Constitución, aprovechando la fecha de las próxima elecciones regionales y municipales del próximo 7 de octubre. Si bien, todos los expertos jurídicos indican la imposibilidad tanto constitucional como política de que este deseo presidencial llegue a buen puerto, el efecto económico del anuncio es indudable: más desconfianza de los agentes económicos, menos inversión, menos crecimiento, menos empleo y más pobreza.

Las señales de mayor radicalización del presidente, puede ser interpretado como un caso que, en psicología, y economía del comportamiento, se denomina como “huir hacia adelante”, es decir una forma de evadir la solución de los problemas mientras se sigue desarrollando exactamente los mismos actos que los generaron. Lamentablemente, esta aparente vía de escape sólo tiene un final: devolvernos a un punto de partida más complicado que el inicial.

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