Indecopi y Consejo Regulador del Pisco se enfrentan

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pisco argumenta que durante cuatro años no pudo ejercer sus funciones por el proceso en marcha ante el Indecopi.

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—¿Por qué dicen que el Indecopi usurpa funciones?
Porque estamos en el 2016 y siguen suspendidas algunas de nuestras facultades. Dicen que no hemos demostrado que estamos en capacidad de administrar la denominación de origen del pisco en términos de infraestructura y personal. Ha rechazado nuestra propuesta de autosostenibilidad. ¿Pero es el huevo o la gallina?

—El Indecopi ha rechazado la propuesta de financiamiento a través de ‘timbres’.
Teníamos una alianza estratégica con Thomas Greg & Sons para que produzcan ‘timbres’ que evitarían más falsificación de la bebida. No hemos podido firmar este acuerdo porque el Indecopi considera que no se puede cobrar por este servicio. Atribuye que es una barrera burocrática para los productores de pisco.

—¿Qué sucede con las competencias en cuanto a verificación y control del Consejo Regulador del Pisco?
Como Consejo Regulador tenemos que aprobar buenas prácticas. Una vez al año debemos recoger información sobre volúmenes de producción de pisco u otra información que se establezca. Pero esa información no la podemos pedir porque no tenemos la autorización. En el artículo 35 del reglamento suspendido se establece que el consejo podrá contar con un emblema que lo identifique como administrador de la denominación de origen. Así se requeriría que todos los empaques lleven adheridos el emblema que identifique al Consejo Regulador como garante de que ha pasado por un proceso de verificación.

—También se ha cuestionado su representatividad.
Nuestra directiva está compuesta por 10 personas, dos por cada región pisquera, y tenemos cinco vocales regionales, uno por cada región.

—Usted renunció al cargo en julio de este año y se le acusa de querer permanecer en él.
[Lee una carta] “[...] Por lo expuesto, en pleno presentamos la renuncia de nuestros cargos”. En otras palabras, ya no funcionamos, y yo mismo quiero que se hagan las elecciones. Me importa un pepino quién sea elegido. Pero a los que dicen que me quiero quedar, el estatuto señala claramente que debemos continuar en el cargo hasta que se designe a las personas que nos sustituyan. No es que me quiera atornillar. 

-Posición de Indecopi-

El Indecopi afirma que la actual administración del Consejo Regulador del Pisco, que gestiona la denominación de origen, no cumple con los requisitos que exige la ley. El Comercio conversó con Ray Meloni, Titular de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi.

—¿Por qué el Indecopi delega las funciones para administrar la denominación de origen?
Las denominaciones de origen, en general, son elementos de propiedad del Estado peruano. De acuerdo con la ley, el Indecopi es el encargado de administrarlas. Así, registra o reconoce las denominaciones de origen, las protege y regula la autorización de uso.
En el 2006 se emite una ley marco de consejos reguladores según la cual el Indecopi puede –es una facultad, no obligación– delegar en los privados los consejos reguladores. Sin embargo, estas facultades no son un cheque en blanco. 
 
—¿Cuáles son los requisitos que no cumple el Consejo Regulador del Pisco?
No tiene presupuesto suficiente para llevar adelante la administración eficaz del consejo regulador. No tiene equipos tecnológicos, no tiene personal ni infraestructura adecuada. Eso hace que se le suspendan las facultades de hacer registros y fiscalización. Se supone que en esta tarea el privado debe ser mejor que el Estado, sino para qué les damos facultades. 

—¿Qué tan caro le resulta al Estado cumplir en el rol de fiscalización?
Fiscalizar nos cuesta aproximadamente S/1.200 por botella de pisco. Esto multiplicado por la producción anual es un presupuesto con el que no cuenta el Estado. El Estado es consciente de que no tiene los recursos para una supervisión eficaz, por eso crea e impulsa la ley marco de consejos reguladores. 

—Pero la administración del Consejo presentó una propuesta de sostenibilidad. ¿Cuál fue el problema?
El consejo se financiaría a través de la venta de timbres [etiqueta que asegura la calidad a cambio del pago de una tasa], para lo que pidieron un préstamo de US$150.000. Para pagarlo, Jaime Marimón, presidente del Consejo Regulador, dijo que iba a obligar a los productores de pisco a que paguen por fiscalizar el producto, pero esa es una barrera de acceso al mercado. Hasta la fecha no han presentado una nueva propuesta.

—¿La administración actual del Consejo cuenta con el respaldo de los productores?
Doce productores, que generan el 80% de la producción nacional, dicen que hay irregularidades en el consejo. Hemos viajado al interior del país y recogimos el mismo malestar.