¿También intrascendentes?

La semana pasada comentábamos que inversiones mineras por alrededor de US$22.000 millones se encuentran paralizadas. Una de las consecuencias de esto es que se estima que las transferencias de canon minero caerán entre 45% y 50% en el 2014. Algo que, por supuesto, no resulta sorprendente, pues diera la impresión de que el gobierno no fuese consciente de la importancia de destrabar dichos proyectos. Muestra de ello es que, en palabras del presidente Humala, Conga (uno de los proyectos mineros más grandes y emblemáticos) “es intrascendente para la historia del país”, por lo que es de esperar que el resto de proyectos sea todavía menos importante en su visión de la realidad nacional. Una visión que, por cierto, es profundamente errada. Si se concretase Conga, solo en su etapa de construcción generaría US$4.800 millones de inversión, 6.000 puestos de trabajo directos, y aportaría un canon de US$1.300 millones en sus dos primeros años. Asimismo, si toda la mencionada cartera de inversiones paralizadas se ejecutase, se generarían 2,4 millones de puestos de trabajo directos e indirectos y se recaudarían US$12.300 millones adicionales.

Ahora bien, desgraciadamente el sector minero no es el único que está lleno de proyectos paralizados, pues lo mismo sucede en el sector de hidrocarburos: la mitad de contratos petroleros que hay en el país se encuentra detenida por “razones de fuerza mayor” (algunos de ellos desde el 2010), llegando a US$2.500 millones en inversiones que se han quedado en el aire. ¿Cuáles son dichas razones? Pues, mayormente, demoras en la aprobación de los permisos ambientales (aunque los conflictos sociales también influyen en varios casos).

Así, por ejemplo, la empresa Sapet demoró tres años en lograr la aprobación del estudio de impacto ambiental para realizar perforaciones en el lote VI-VII en Talara y no pudo perforar un solo pozo desde el 2010, enfrentando ahora el problema de que su contrato vence el próximo año. Algo parecido sucedió con cinco empresas que exploraban en Puno, y que nunca pudieron llevar efectivamente a cabo sus actividades. Para colmo, Perú-Petro aún no concreta la extensión de los contratos de los lotes petroleros del nordeste II, III, IV y VI-VII, lo que ha llevado a que las empresas reduzcan su producción considerablemente. Y algo similar sucede con el contrato del lote 1-AB, que vence en el 2015 y donde la empresa habría reducido su producción de 55.000 a 16.000 barriles por día al no saber si se le renovará el contrato.

Perú-Petro ha anunciado estar trabajando en modificaciones reglamentarias para agilizar los trámites, pero la verdad es que el tipo de reformas que debería impulsar el gobierno en este sector debería ser mucho más ambicioso. Por ejemplo, ¿es necesario que para explotar un pozo petrolero se tenga que atravesar por un engorroso proceso de licitación que supone la celebración de un contrato con Perú-Petro, el cual, además, debe ser firmado por el presidente de la República? ¿Por qué no sería suficiente, como en el caso de una concesión minera, con un simple denuncio y un procedimiento de autorización ante una oficina de un ministerio? ¿Qué tiene el petróleo que lo haga merecedor de aun más burocracia que el oro o el cobre?

En el mismo sentido, ¿por qué el derecho a extraer petróleo de un pozo no podría ser, como en el caso de los minerales, indefinido (siempre que se cumpla con todas las obligaciones legales, claro está)? ¿Qué necesidad hay de volver a forzar a la empresa a pasar por el laberinto burocrático cada cierto número de años? El sistema actual solo genera que, como hemos descrito, cuando se acerque el fin del contrato la empresa reduzca su producción pues la incertidumbre desincentiva que continúe su inversión.

Finalmente, es hora de que se piense en una reducción considerable de las regalías que cobra el Estado (las cuales se encuentran entre las más elevadas de la región), ya que desincentivan el ingreso de más inversionistas. ¿De qué sirve tener regalías tan altas si no hay empresas a quién cobrárselas?
 
El sector petrolero necesita de reformas profundas, no solo de recortes cosméticos de trámites, y el presidente Humala debería ser el primer interesado en impulsarlas. Salvo que, como con la minería, crea que este sector también es intrascendente.