Javier Piqué: “Daremos el bono Mi Alquiler para reducir las invasiones”

La semana pasada el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto para subsidiar el alquiler a personas de bajos recursos: el bono Mi Alquiler. El titular del sector impulsor de la medida, Javier Piqué del Pozo, conversó sobre los detalles de la norma con El Comercio. 

—El bono Mi Alquiler ya está en el Congreso esperando discusión. En teoría, la lógica de subsidiar algún bien es intentar corregir alguna falla de mercado. ¿Qué falla se está tratando de atacar con este bono? 

Queremos entregar estos bonos para reducir las invasiones, que se dan porque la gente no tiene dónde vivir y no puede comprar, pero sí tiene ciertos ingresos. Si pudieran pagar una cuota alcanzable, podrían comprar una vivienda y desincentivaría la invasión. 

Esta política tiene como fin último no solo que la gente se haga propietaria e impedir las invasiones, sino además formalizar la construcción. Cuando la gente invade, por lo general, lo hace en los terrenos más alejados o en los cerros. Entonces, tenemos que ponerles agua y desagüe, algo que cuesta hasta 7 veces más que un terreno plano.

—El proyecto no especifica los topes del alquiler mensual a subsidiar ni ingresos máximos de los beneficiarios. ¿Podrían cambiar los S/1.500 de alquiler y S/2.600 de ingresos que habían adelantado?

Nuestra idea es estar alineados con los límites de Techo Propio, cuyo tope de ingresos fue subido hasta S/2.600 este año. Esto, efectivamente, podría cambiar, pero la idea ahora es mantener las mismas condiciones que Techo Propio.

—Un problema en el país es el reducido tamaño del mercado de alquileres. ¿Cuánta oferta de vivienda en alquiler a S/1.500 o menos hay?

Ahora tenemos una oferta de 16.000 propiedades de Techo Propio que están ahí, pero no tienen comprador. La oferta de Techo Propio se va a usar para eso, porque es una inversión que está ahí sin ser utilizada.

—¿Eso significa que no hay demanda por Techo Propio?

Eso no pasa porque la gente no tenga dinero, sino por los requisitos: hay que tener la cuota inicial ahorrada y bancarizada, además de tener historia crediticia. Estas viviendas están ahí sin comprador, no porque no tengan capacidad de pago, sino porque no cumplen esos requisitos.

Entonces, si esta persona alquila, accede de una vez a la vivienda adecuada. Nosotros podemos facilitar esta posibilidad para estas viviendas subutilizadas.

— También afirman que se utilizarán recursos propios para financiar el bono. ¿Cómo recompondrían la estructura del gasto del MVCS?

Tenemos unos saldos de los bonos de alquiler de la reconstrucción. Estamos destinando S/20 millones de este año, que alcanzarían para los 3.500 beneficiarios iniciales y más. Ese dinero no se ha usado porque comenzamos a construir las casas aceleradamente. Ya tenemos 11.000 casas prácticamente terminadas, entonces ya no se han entregado los bonos.

—¿Han evaluado que podrían subir los alquileres en este segmento, luego de que el subsidio –como se espera– expanda la demanda?

Hemos evaluado esa posibilidad, es una realidad, pero no pensamos que sea significativo. Primero, porque 3.500 inmuebles no es mucho. Segundo, que es vivienda formal. Como se trata de stock que las inmobiliarias pueden aprovechar para generar ingresos, tampoco pueden subir demasiado los precios, porque pierden a los clientes. Las personas en esta situación están limitadas en sus gastos, entonces no tienen gran capacidad de ahorro. Si los alquileres comenzaran a subir, no creemos que tenga un impacto a este nivel.

—El proyecto señala que, en los próximos 15 años, el bono podría demandar hasta S/5.331 millones. ¿Han analizado el impacto presupuestal de una cifra así?

En este momento esa proyección no la hemos analizado, porque esto recién se está lanzando.

—¿Esperaría que el Congreso apruebe pronto esto?

Me acaba de citar el presidente de la Comisión de Vivienda para el próximo miércoles, para ver este proyecto. Posiblemente el próximo viernes se dictamine [la norma]. Si la cosa va bien por ahí, podría ser que entre al pleno antes del fin de año. Eso era lo que habíamos pensado. Luego, el reglamento tomaría un mes, por lo menos.

—¿El proyecto de desalojo notarial iría en paralelo con esta norma?

Sería bueno. Como ya lo hemos consensuado, el miércoles debería estar en el Consejo de Ministros, y si ellos quieren, ya la próxima semana en el Congreso. Eso también podría pasar.
Lo ideal es que salgan los dos juntos [desalojo notarial y bono Mi Alquiler]. Como les he comentado: si no hay ese desalojo notarial, el bono Mi Alquiler va a retrasarse.

— La norma solo está en agenda de la Comisión de Vivienda, no en las de Economía ni Presupuesto. ¿Por qué?

No lo sé, esa es una decisión del Congreso. Pero el presidente de la Comisión de Economía es el congresista Bruce, y él ha promovido esto. No creo que haya esa dificultad, si fuera el caso.

—¿Qué ha impedido avanzar rápido con la reconstrucción este año?

Ha sido un año atípico. Creo que el obstáculo más saltante es el tema de la norma de contrataciones, pero la ley de reconstrucción ha acortado los tiempos. Ya en estas últimas semanas se han estado otorgando muchos procesos basados en la Ley de la Reconstrucción con Cambios. La ventaja es que los fondos del Fondes no regresan, siguen ahí. Tienes una mala foto en la ejecución pero el dinero no se pierde. Entonces, sigue estando habilitado para que lo puedan hacer en las siguientes semanas.

—En cuanto a saneamiento, un problema de larga data es la mala gestión de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS). ¿Qué se está haciendo para mejorarla?

Hemos dado tres decretos legislativos destinados específicamente a apoyar a las EPS. En primer lugar, logramos que se condonen los intereses y las multas del Fonavi, y la deuda se irá pagando en el tiempo. Ahí hemos aliviado a las EPS con S/900 millones. Luego, tenías a personal técnico poco capacitado en las entidades, y para resolverlo hemos dado el marco legal para que puedan pagar mejor. Lo último es que las EPS podrán revitalizar parte de los bienes que no tenían a su nombre.

—¿No se piensa en privatizar algunas para generar más eficiencia?

No. Hasta ahora la política del Gobierno no va por ahí. Eso tiene mucha oposición.

— El plan de subir tarifas de agua también tuvo mucha oposición...

Yo diría que es más falta de información. [Para incrementar las tarifas] Sunass evalúa la calidad de servicio, la sostenibilidad, y sobre esa base autoriza la tarifa. Yo creo que quizás hubo mala sociabilización del tema. El Estado gasta miles de millones en hacer las plantas de agua, y si estas no tienen la tarifa para mantenerlas –porque todos los equipos requieren cambios, mantenimiento, limpieza–, después no van a servir y hay que volver a invertir. No tiene ninguna lógica.

— Los agentes del sector construcción esperan que el rubro crezca menos de 4%. ¿Cómo ve esta cifra?

Lo que pasa es que esos estudios, creo, no están tomando en cuenta las importantes inversiones que se vienen en estos últimos meses. En muchas de las obras de reconstrucción, por ejemplo, recién se están dando los adelantos. Creo que va a haber una inyección grande. No sé si recuperaremos todo, pero esa proyección pesimista no va a ser.

— Desde Capeco han comentado que para impulsar la oferta de vivienda, en especial de interés social, se necesita incorporar tierras estatales al mercado de suelo. En esa línea, han propuesto crear una empresa pública de suelo que dependa de su sector. ¿Como ven esta propuesta?

El ministerio tiene un programa de generación de suelo urbano, que vendría a ser más o menos las mismas funciones de esta posible empresa. [...] habría que evaluar si es en interés del estrado manejarlo a través de una empresa pública o como un programa del MVCS. Al final, uno es juzgado por los resultados, es una propuesta que es interesante y que podríamos evaluar.