"Es necesario trabajar por que el Perú cuente con un Estado que imparta justicia de manera equitativa", afirma Tuesta. (Foto: AFP)
"Es necesario trabajar por que el Perú cuente con un Estado que imparta justicia de manera equitativa", afirma Tuesta. (Foto: AFP)
David Tuesta

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Uno de los factores centrales detrás de nuestros malos indicadores sanitarios, económicos y sociales durante la pandemia han sido los serios problemas estructurales que limitan el funcionamiento del Estado. Justamente, en el , el Consejo Privado de Competitividad (), recogió una serie de indicadores comparativos que no dejan duda de ello.

Por ejemplo, en el Indicador de Servicios Públicos, se observa que Perú ha retrocedido sustancialmente entre el 2007 y 2020 desde el puesto 12 al puesto 18, de un total de 23 países de Latinoamérica. En otro tanto, el indicador de eficiencia en el uso de los recursos nos ubica dentro del grupo de países más deficientes a nivel global.

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Lo anterior, en otro tanto, se refleja en la práctica situación de abandono en el que se encuentran los peruanos en cuanto aquellos aspectos que nos debieran hacer iguales, y donde el brilla por su ausencia o por su mala presencia. De hecho, de acuerdo con el Barómetro de las Américas, para el 36% de peruanos, la corrupción es el principal problema que enfrenta el país, seguido de la seguridad (30%) y la economía (14%). Comparándonos con Latinoamérica es en el Perú donde la corrupción toma el mayor protagonismo, y claro, esto sin duda enfurece aún más al ciudadano.

El problema está en que este escenario de casi colapso de las funciones centrales del Estado, es decir su razón de ser, genera justamente que los quintiles de mayores ingresos y con mayores niveles de capital humano –que son los que mayores impuestos pagan o deberían pagar– revelen una mayor sensibilidad a los problemas de corrupción. Son los 3 quintiles más ricos quienes señalan a la corrupción como el mayor de los problemas del país. Y si, mientras tanto, lo único que hacemos es repetir sin cesar el mantra –real, por cierto– de que el Estado es ineficiente, poco favor nos hacemos.

Es necesario trabajar por que el Perú cuente con un Estado que imparta justicia de manera equitativa; que defienda los derechos de propiedad y promueva la inversión privada; que mitigue las fallas de mercados que impiden que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades. En esto último deberíamos contar con un Estado donde todos los ciudadanos sientan que viven en un país más seguro; donde se promueve la igualdad al acceso a educación y salud digna.

Al respecto, los premios Nobel 2019, Abhijit Banerjee y Esther Duflo, en su libro “Good Economics for Hard Times” subraya la lamentable problemática de no hacer nada por fortalecer el funcionamiento estatal, particularmente en los países emergentes, y quedarnos paralizados, reforzando el mensaje de su ineficiencia, sin dar soluciones. Esto es lo que hace que cada vez menos peruanos se sientan satisfechos con el modelo democrático. De acuerdo con el Barómetro Latinoamericano, sólo el 28% lo está, siendo los penúltimos en la región.

Sin dejar de señalar que el Estado Peruano tiene serios problemas de gestión, es importante dar el salto urgente desde la queja permanente a la acción. Sin duda, gran parte de los problemas se encuentra en las dificultades para que el Estado capte y desarrolle capital humano. Con políticos permanentemente oponiéndose a acciones orientadas a mejorar la meritocracia en el aparato estatal, y con gobiernos que de tanto en tanto proponen que el funcionario trabaje prácticamente gratis, difícilmente esta labor será posible.

Tampoco ayuda que no se pueda desarrollar institucionalidad en el aparato estatal, tomando en cuenta la inestabilidad en el cargo de los funcionarios donde, por ejemplo, un director general en el Ministerio de Salud apenas dura 7 meses en el cargo. Y en la misma línea, tampoco suma que los órganos de control, que con todas las mayores intenciones de querer controlar la corrupción y generar transparencia, terminen excediéndose en sus funciones, produciendo al final una parálisis del funcionario público. Una problemática que Banerjee y Duflo también señalan como muy grave.

El del CPC traza algunas soluciones factibles y muy concretas que bien haría el próximo gobierno en empujar con decisión si se desea legitimar el rol del Estado ante sus ciudadanos. Por ejemplo, se plantea la contratación de directivos y servidores públicos en puestos clave mediante procesos meritocráticos y con nombramiento regulado. Entre otras de sus propuestas, también se sugiere revisar el ejercicio sancionatorio de la Contraloría General de la República para optimizar el control y evitar la inacción en la función pública.

Finalmente, tampoco se puede dejar de mencionar los problemas de duplicidades presupuestarias y gastos superfluos que tiene el aparato estatal y que debe eliminar. El Banco Mundial estima que el Perú cuenta con ineficiencias del gasto público que rondan el 2,3% del PBI. Si el Estado no hace un serio esfuerzo por legitimarse, nuestro futuro como sociedad pende de un hilo.

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