Ley de Promoción Agraria surge de la necesidad de promover la agroindustria y generar mejores niveles de producción, de competitividad, de exportación, y por lo tanto, mejorar los indicadores de empleo, según Alexandra Ames. (Foto: GEC)
Ley de Promoción Agraria surge de la necesidad de promover la agroindustria y generar mejores niveles de producción, de competitividad, de exportación, y por lo tanto, mejorar los indicadores de empleo, según Alexandra Ames. (Foto: GEC)
Christian Lengua

En medio de protestas en Ica por parte de trabajadores de empresas reclamando mayores derechos, el Congreso de la República acordó hoy miércoles incluir en el debate del Pleno la derogatoria de la .

El exministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, señaló que se debe tener en cuenta que a la norma, creada en el 2000, se le hicieron algunas modificaciones en julio pasado.

“De 15 días de vacaciones se pasó a 30, se incluye un sueldo más de remuneración por las vacaciones, pasaron a tener 5% de participación en utilidades, la CTS está contemplada en la remuneración diaria, los trabajadores tienen acceso al Seguro Integral de Salud (SIS), y se cambió el tema de la remuneración mínima”, señaló el especialista.

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Precisó que con estos cambios, gradualmente se está acercando y alineando con la ley general. Por lo que es factible hacer ajustes en el mismo sentido, pero no necesariamente ir al extremo de eliminarla, porque es una norma que ha traído grandes beneficios, en temas de formalización del empleo.

Para Benites, lo primero que se debe hacer es conocer cuál es el alcance de la norma y hacer un sinceramiento de qué empresas vienen cumpliendo. En ese sentido, mencionó que si bien la norma se puede mejorar, también hay dificultades con la fiscalización. “Hay empresas que a pesar que hay normas que protegen al trabajador, precarizan el trabajo incumpliéndola”, agregó.

“Están reclamando las personas con justa razón. Lo que hay que hacer es identificar a esas empresas y sancionarlas ejemplarmente”, subrayó Benites.

VALOR COMPARTIDO

La jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, Alexandra Ames, por su parte, expresó que la Ley de Promoción Agraria surge de la necesidad de promover el agro y particularmente la agroindustria, con la finalidad de generar mejores niveles de producción, de competitividad, de exportación, y de esa manera, lograr un crecimiento económico mejorando los indicadores de empleo.

“De alguna manera el crecimiento de la agroindustria formal ha beneficiado a las personas respecto al empleo y al incremento de los ingresos. Pero esto no es suficiente porque lo que se ve es que el agro ha venido creciendo sostenidamente y esto no ha influido en el reconocimiento de mayores derechos o mayores ingresos en los agricultores. Como en el caso de gratificaciones y utilidades, que son menores en el caso de las empresas formales”, sostuvo.

Para Ames, en este escenario se puede aplicar el concepto del valor compartido, desarrollado por Michael Porter. Sostiene que en las empresas para generar una adecuada competitividad, no solo se debe apuntar al crecimiento económico de los socios, sino que se debe permitir que este crecimiento vaya acorde con el bienestar de la comunidad donde se ejerce esta empresa.

“Porter dice que a las empresas no les podrá ir bien de manera sostenible si al final pierden legitimidad con la comunidad. Si la empresa prospera mientras que la comunidad pasa por dificultades, se van a generar conflictos. Es importante no solo por filantropía, sino por estrategia, el poder ser conscientes de no generar esta brecha entre el crecimiento de los accionistas y los trabajadores”, puntualizó.

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