Ejecutivo plantea adelanto del canon como parte de propuesta de Ley de Minería

El Ejecutivo planteará el adelanto del canon a municipios y gobiernos regionales, como parte de la actualización de la Ley de General Minería vigente, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La renovación de esta ley se enmarca en las protestas en el sur del país contra el proyecto cuprífero Tía María, en Arequipa. La propuesta incluye tres líneas base.

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Una de ellas es la referente al canon minero, en donde se prevé su adelanto para traer los recursos al presente y comenzar las obras, según explicó el titular del MEF, Carlos Oliva, durante su presentación en la Comisión de Economía del Congreso.

"Es un buen instrumento que podemos incluir en esta ley porque ayuda a facilitar beneficios de la minería, traer al presente y empezar antes. Se ha hecho en el 2012-2013 y se puede perfeccionar con elementos más claros, y que el mecanismo funcione mejor”, subrayó.

La propuesta también contempla la inclusión de planes de desarrollo territorial, que serán parte de los documentos a elaborar por las mineras. “Así como hay planes ambientales, tiene que haber un estudio que aprueben estos planes de desarrollo territorial”, apuntó Oliva.

El funcionario añadió que el objetivo de estos planes de desarrollo es reducir las brechas en salud, educación y saneamiento, así como impulsar la productividad en zonas aledañas a la operación minera.

En tercer lugar, mencionó que se busca ordenar los "parches" que ha adoptado la ley en sus más de 25 años de vigencia.

Anteriormente, el titular del MEF descartó que se realicen "grandes cambios" en política tributaria como consecuencia de la Ley General de Minería.

"No estamos previendo grandes cambios en la parte tributaria, obviamente analizaremos caso por caso, pero eso no debería ser el foco porque nosotros creemos que la carga tributaria que tienen ahora las mineras está en el promedio internacional y no podemos perder competitividad", dijo el ministro.

GOBERNADORES REGIONALES
La nueva Ley General de Minería viene generando distintos entusiasmos en los actores interesados: por un lado, los gobernadores regionales presentan propuestas que esperan sean atendidas y, por el otro, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) que las califica de 'estatistas'.

Los gobernadores regionales de la Mancomunidad Regional Macro Región Sur presentaron en Tacna sus propuestas para la nueva Ley de Minería. Entre sus pedidos, solicitan la reducción de la vigencia de las concesiones de 30 a 15 años y un incremento del pago de derecho de vigencia de US$3 por hectárea a US$5.

Piden también que se incorporen artículos para la protección del medio ambiente, de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, comunidades nativas, así como el cierre de minas.

Asimismo, proponen que las acciones de prevención, evaluación, supervisión, control y sanción a las empresas mineras estén a cargo de los gobiernos regionales. Además, los titulares de las actividades mineras que generen impactos ambientales negativos no solo remedien el daño, sino también den una compensación a la población afectada.

SECTOR PRIVADO
El presidente de la SNMPE, Manuel Fumagalli, consideró que las propuestas de los gobernadores regionales "destruirían la competitividad de la minería peruana, alejando la inversión privada, generando menores ingresos para el país y mayor pobreza".

Su crítica se centró en la posible creación de una empresa pública minera y que se pretenda destinar los fondos del erario nacional para ello.

“Los peruanos ya conocemos la nefasta experiencia del estatismo, que en las décadas de los 70 y 80 impulsó empresas públicas ineficientes, quebró la economía nacional y generó una terrible hiperinflación. Se deben focalizar los recursos del Estado en mejorar la calidad y cobertura de los servicios básicos de educación, salud y saneamiento, entre otros, en beneficio de todos los peruanos", expresó.

Denunció que la propuesta debilitaría los mecanismos de fiscalización ambiental, ya que los gobernadores pretenden asumir esa tarea, que actualmente está a cargo de una institución técnica e independiente como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

“Los gobiernos regionales buscan asumir la fiscalización de la gran y mediana minería, cuando ya su capacidad ha sido desbordada en su atención a la pequeña minería y minería artesanal. Con esa iniciativa debilitarían las funciones de la OEFA y ponen en riesgo la supervisión ambiental y el combate contra la extracción ilegal de minerales que tanto daño hace al país”, declaró.