La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) se pronunció sobre la facultad del Estado para retener activos de empresas sentenciadas por delitos de corrupción, o que lo hayan reconocido; así como establece el procedimiento de consulta al Estado por la venta de acciones de dichas empresas, a raíz del decreto de urgencia N°003 publicado hoy por el gobierno en el marco del caso de corrupción de la empresa Odebrecht.
"Es necesario reflexionar en medio del desaliento causado por el escándalo de corrupción, para evitar que las inversiones públicas y privadas y el país se paralicen, lo que impediría seguir creciendo sosteniblemente, generar empleo y continuar reduciendo la pobreza. En esta línea resultan oportunas las medidas dictadas hoy con el DU-003 que regula la salida de empresas corruptas, cautelando el derecho del Estado a percibir una reparación civil", señaló el gremio en un comunicado.
Asimismo, AFIN precisó que "las instituciones tutelares deben actuar de manera certera y oportuna en el ámbito de sus competencias, evitando afectar la marcha y los planes del Gobierno orientados a superar las trabas y reactivar el crecimiento y las inversiones, plasmados en sus 112 decretos legislativos, y en la reforma de ProInversión destinada a quitar incentivos a corruptores y corruptos en un marco legal y de procesos coherente con este objetivo".
Por último, el gremio resaltó la importancia de continuar con la inversión en infraestructura a través de asociaciones público privadas (APP) y obras públicas "libres de corrupción". "Las inversiones limpias no pueden parar, las necesidades de la población necesitan ser satisfechas. La inversión pública y privada destinada a cerrar las brechas en agua y saneamiento, salud, educación, comunicaciones, transportes, puertos, aeropuertos, energía y gas debe continuar, sin interrupciones y a buen ritmo", finalizó AFIN.