Pedido de facultades: ¿cuáles son las medidas tributarias que aplicaría el Ejecutivo?

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En materia tributaria, el documento plantea modificar la Ley del Impuesto a la Renta (IR), la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), el régimen fiscal minero, la Ley de Tributación Municipal, entre otros [ver gráfico].

La norma busca cambiar el aspecto cuantitativo para la determinación de la tasa de IR de las personas naturales y empresas no domiciliadas en el Perú, pero que generan renta dentro del país. Además, las rentas de quienes pertenezcan a la primera categoría (alquileres, arrendamiento, subarrendamiento y venta de predios) y segunda categoría (enajenación de acciones, regalías y valores mobiliarios) categoría del IR verían aumentadas sus tasas.

Todo lo anterior propiciaría mayores pagos de impuestos. “El efecto para las personas naturales es que ahora van a tener menos deducciones y en consecuencia van a pagar más impuestos. [...] No queda claro el sustento para que terminen tributando más, no hay una explicación”, afirma Klever Espinoza, abogado tributarista y socio del estudio KERZ.

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Por otro lado, la norma también plantea implantar una tasa de IR más alta para aquellos contribuyentes que generen más renta de trabajo. Asimismo, el proyecto de ley plantea la creación de un régimen simplificado del IR para las mypes. Esta medida busca acercar a estas empresas a la formalidad. “Si tú planteas un régimen demasiado caro, vas a informalizar a estas entidades. Pero la medida no plantea cómo lo van a hacer, o en qué está basado”, advierte Jorge Picón, socio de Picón y Asociados.

Precisamente, la falta de sustento de estas medidas es uno de los puntos que no inspirarían confianza en la delegación de facultades. “Se sustenta la parte tributaria, pero no se explicita cómo lo van a hacer”, afirma el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla.

Estos puntos sin sustento, además de algunas posturas contra la inversión privada mostradas a lo largo del actual Gobierno, hacen que los especialistas consultados consideren que el proyecto no debería ser aprobado sin un extensivo análisis previo con el Congreso.

“Es muy peligroso con los antecedentes del gobierno, con la poca claridad [de redacción], te mandan un pedido de facultades muy amplio y que te cambia todo. Cambia la tributación de personas naturales, empresas, tributación municipal y así podría seguir. Salvo los proyectos de regímenes de mypes y algunos temas puntuales, se deberían debatir las propuestas”, asegura Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas.

Por este motivo, se sugiere que el Ejecutivo pueda estar abierto al diálogo para poder llegar a propuestas consensuadas y que puedan ser aprobadas por el Congreso. “Ni veo que el Ejecutivo tenga un nivel técnico que a la fecha haya demostrado, ni una vocación de convocatoria. Lo lógico sería convocar a gremios y especialistas para ver los aspectos que sí se pueden [lograr]”, añade Picón.

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El problema minero

La norma también pretende “perfeccionar el régimen fiscal minero”. Esto lo lograría “modificando los conceptos implicados en la determinación de la utilidad operativa, a fin de reflejar de manera más adecuada los beneficios derivados de la actividad minera, así como la revisión de la deducibilidad del monto pagado por concepto de Regalía Minera, Impuesto Especial a la Minería y Gravamen Especial a la Minería, para efectos del Impuesto a la Renta”.

Así, esta norma variaría los montos mínimos para la determinación de los gravámenes y modificaría los tramos de margen operativo.

Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) estas medidas serían desproporcionadas, pues consideran que el sector ya paga un porcentaje de impuestos cercano al 50% de sus ingresos. “Cualquier alteración a los términos de ese marco tributario nos va a convertir en un destino incluso menos atractivo para la inversión minera”, advierte Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE.

El rol del Banco de la Nación

El pedido de facultades también busca que el Banco de la Nación pueda financiar a mypes y a personas naturales comprendidas en los programas sociales del Estado. Esto a primera vista sería positivo, pero al no tener las capacidades de financiamiento de los bancos privados, podría ser riesgoso el sistema de cobros.

“El Banco de la Nación no tiene la capacidad de poder dedicarse a dar recursos como otras microfinancieras o entidades privadas. Ahí es meterse en un experimento de tomar mayor riesgo. Es difícil reducir los niveles de morosidad”, señala Castilla.

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