Pro Inversión: ¿Qué planea el Ejecutivo para la entidad?

Las asociaciones público-privadas (APP) son reconocidas en el mundo como una buena práctica para cerrar las brechas de infraestructura, pero en el Perú este mecanismo no ha terminado de cuajar. 

En los últimos cinco años, las autoridades han llevado a cabo tres reformas a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión) y el gobierno del presidente Martín Vizcarra planea nuevos cambios.

Como parte del pedido de facultades legislativas anunciado la semana pasada, el Ejecutivo incluyó seis cambios en Pro Inversión y sus sistemas. Algunas modificaciones son de forma, otras más estructurales, pero todas –según el Gobierno– apuntan a garantizar el valor por dinero, eficiencia y predictibilidad en todas las fases de las APP.

PASOS PARA ATRÁS
Una de las reformas más ambiciosas fue el Decreto Legislativo 1224, también conocido como el nuevo marco de APP. Fue promulgado en setiembre del 2015, pero 14 meses después fue modificado por el D. Leg. 1251.

En las principales diferencias entre ambas normas resaltan tres cambios que se buscan revertir en el pedido de facultades. La primera de ellas es la composición del directorio de Pro Inversión.

Originalmente estuvo conformado por tres ministros, pero en el 2016 –durante la gestión de Alfredo Thorne en el MEF– se agregó a tres directores independientes, provenientes del sector privado, alegando la necesidad de “despolitizar” decisiones sobre los proyectos de infraestructura.

A pesar de ello, los nombramientos de estos directores nunca se materializaron, pues algunos nombres que manejó en su momento el MEF no contaron con aval político, en un contexto de extrema sensibilidad a cualquier posibilidad –incluso apariencia– de conflicto de intereses o de vinculación a las empresas del Caso Lava Jato.

Ahora, el pedido de facultades busca regresar al modelo original de tres funcionarios del sector público. Esta decisión iría por el camino correcto, pues elimina la posibilidad de potenciales conflictos de interés entre los directores privados, indicó a El Comercio un ex funcionario del sector. Más aun, para el ex jefe de expertos globales en asociaciones público-privadas del Banco Mundial (BM), José Luis Guasch, no era apropiado que el Gobierno ceda a individualidades del sector privado decisiones sobre uso de los recursos públicos.

Los otros dos cambios claves que se plantean en el pedido de facultades radican en quitar funciones a Pro Inversión y devolvérselas al MEF.

En primer lugar, será esta última entidad la que haga seguimiento a proyectos de APP y proyectos en activos –proyectos públicos que pueden ser cedidos al sector privado– para poder identificar problemas en la ejecución de contratos. Esto implica devolver el equipo especializado de seguimiento de la inversión, creado en el 2013, al MEF. En el 2016 se partió en dos y una mitad recaló en Pro Inversión.

Para el ex funcionario consultado por este Diario, esta decisión también es correcta. Refiere, por ejemplo, que existen procesos que no tienen nada que ver con Pro Inversión, como el avance de las expropiaciones. Además, explica que si algún ministerio no da licencias o permisos, es complicado que Pro Inversión salga a presionar para conseguirlo, a diferencia del MEF.

El segundo cambio se refiere a los planes multianuales de inversión en APP, que los sectores del gobierno están obligados a elaborar. Con la norma implementada en el 2016, Pro Inversión emitía la opinión técnica sobre ellos, lo que para algunos fomentaba el riesgo de tener planes sin consciencia de las restricciones de la caja pública.

Con el pedido de facultades, el Gobierno busca que la opinión técnica vuelva a recalar en el MEF. La decisión, es positiva para Guasch, pues asegura que los planes multianuales deben estar alineados con una estrategia nacional.

MÁS MANO PRIVADA
De los cambios restantes, el más resaltante es el que busca permitir en APP y proyectos en activos de alta complejidad “la participación del sector privado en las fases de formulación, estructuración, transacción y ejecución”.

Precisamente, en marzo del año pasado el Banco Mundial prepublicó una guía para hacer políticas sobre el manejo de propuestas privadas no solicitadas de proyectos de infraestructura.

Dicho informe advierte que ninguna iniciativa privada debe permitirse en la etapa de formulación, pues rompe con la planificación del Estado y genera incentivos perversos. Esto, según el BM, porque la empresa privada que diseña el proyecto cuenta con información privilegiada que le permitiría ganar una eventual licitación.

Aunque el pedido de facultades no precisa si esta alternativa se realizaría en proyectos de iniciativa pública, Guasch advierte que no sería lo ideal, pues considera que los privados no deben “meter la mano” en este tipo de proyectos.

De los cambios restantes, uno busca aplicar mecanismos disuasivos a entidades estatales que abandonen sus proyectos en cartera y, el otro tiene como fin consolidar la facultad para emitir directivas técnico-normativas desde Pro Inversión.