(Foto: Archivo)
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Maricielo Garvan

Desde su último mensaje a la nación, el presidente prometió una serie de reformas en todos los sectores para apuntalar el del país.

Una de ellas fue el , el cual promete ejecutar 80 medidas que sentarán las bases del crecimiento a largo plazo del país con una proyección de ejecución al 2030. Se espera que hoy 28 de julio, el Ministerio de Economía y Finanzas () presente el Plan de Infraestructura y en los próximos meses vea la luz la versión final del plan.



MYPES Y EMPLEO

En línea con ello, hace un año, Vizcarra propuso impulsar el desarrollo de la microempresa y pequeña empresa mediante su formalización. Más del 65% de la PEA ocupada del país es empleada por una de estas, cuyo aporte al PBI nacional asciende al 21%.

En contraste, el régimen mype tributario apenas aportó el 0,02% y 0,03% por concepto de Impuesto a la Renta durante el 2017 y el 2018, respectivamente. Incluso, en los últimos doce meses, la variación real acumulada fue negativa (-0,4%).

En el sector trabajo, se reinstaló el , que hasta hoy, después de casi nueve meses de cálculos y revisiones, no ha podido consensuar con los gremios empresariales y sindicales el mecanismo para determinar el aumento del sueldo mínimo. Según la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, este se encontraría listo en agosto.

INVERSIÓN MINERA

El presidente insistió en reactivar la economía a través de grandes . Resaltó ocho proyectos mineros con una inversión superior a los US$15.000 millones, de los cuales solo tres impactarían directamente en la economía reactivando otros sectores productivos.

Estos son la ampliación de , y Quellaveco, puesto que su construcción terminaría en los próximos años. Otros proyectos citados, como la ampliación de Toquepala y Marcona, con una inversión de US$1.200 y US$1.300 millones, respectivamente, se encontraban ya en la etapa final de construcción durante el 2018, por lo que sus efectos en la economía ya se habían dado incluso antes del discurso.

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Corani (US$580 millones), Pampa de Pongo (US$2.500) y Michiquillay (US$2.500), que juntos suman US$5.580 millones –alrededor de un tercio del total de las inversiones prometidas–, se encuentran estancados.

Algunos han sido anunciados desde el 2013, pero hasta hoy ninguno cuenta con una fecha oficial de inicio.

“No veo solución en el corto plazo para . Estamos pagando ahora los platos rotos de no hacer un trabajo previo de este gobierno con las comunidades. La asimetría de información genera desconfianza, por eso el Estado debe salir y no dejar solas a las empresas”, sostiene Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico.

DESCENTRALIZACIÓN

También se habló de una política de descentralización efectiva de los recursos, a través de un mayor presupuesto para los autoridades locales y regionales. Lo prometido consistía en alcanzar un presupuesto público igual al 40%. Durante el 2018, la transferencia a los entes subnacionales fue de 40,4% pero en el 2019 esta descendió a 36,4%.

Cabe señalar que tras revisar las cuentas nacionales, se puede confirmar que estas transferencias durante los años 2015, 2016 y 2017 alcanzaron el 37%, 38% y 39%, respectivamente. Un número muy cercano a la meta propuesta.

“No existe una descentralización real en el país, porque no hay una transferencia de competencias hacia los [gobiernos] subnacionales. Por ello, es necesaria una reforma de Estado en el país, si no se van ‘descentralizar’ las ineficiencias de Lima a estos gobiernos”, afirma Guillermo Dulanto, profesor de la Universidad de Piura.

INDICADORES SOCIALES

En aras de mejorar la calidad de vida de los peruanos, se prometió reducir la tasa de anemia y pobreza en el ámbito nacional. De acuerdo con la , cuando el nivel de anemia pasa el 40% se convierte en un problema de salud pública.

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En el Perú, la tasa de asciende al 43,5% de la población, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2018, solo 0,1% menos con respecto al año anterior. Más de la mitad de los afectados residen en el área rural (50,9%), en la región de la selva (50,5%) y sierra (50,2%) del país.

En tanto, el 20,5% de la población se encuentra en situación de , en términos absolutos equivale a 6’593.000 personas. Esta retrocedió 1,2% con respecto al año 2017. La variación de la pobreza extrema fue mínima (0,3%), tanto en el área urbana (0,1%) como en la rural (0,4%). Se evidencia un estancamiento en el avance prometido.

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