Las protestas ciudadanas contra el gobierno de Dina Boluarte no cesan desde que iniciaron en diciembre pasado. Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 50 personas han fallecido en las mismas, entre ellos un policía | Foto: Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio
Las protestas ciudadanas contra el gobierno de Dina Boluarte no cesan desde que iniciaron en diciembre pasado. Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 50 personas han fallecido en las mismas, entre ellos un policía | Foto: Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio
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Redacción EC

En un comunicado, la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) consideró que el Gobierno debe asegurar y proteger los principales focos de producción del país, ante los hechos de violencia que se producen en diferentes departamentos – incluido Lima – en el marco de las protestas contra la gestión de la presidenta .

Asimismo, invocó al Ejecutivo a disponer, de acuerdo con la ley, el estado de sitio en dichos focos productivos, por los actos violentos que “afecta en cadena a la economía nacional, como es el caso del agro, la minería, el turismo, entre otros”.

No hacerlo sería no valorar a quienes trabajan, invierten y producen en este país. Creemos que el Gobierno aún es consciente de que la sostenibilidad del sistema democrático pasa por una economía en paz”, indicó el gremio portuario.

Asppor también consideró que la presidenta Dina Boluarte debe definir su posición política frente a la violencia, pues la contención en sí misma no es una forma de gobierno.

Si la violencia continúa será incontrolable pues, desde ya, no se está garantizando la seguridad individual ni la libertad de trabajo. Contener desmanes no prepara el terreno para ningún diálogo ni es un disparador de negociaciones. Todo lo contrario, aumenta la violencia, se afecta a los trabajadores y sus familias y al final, origina el descontento y la depresión de los inversionistas, trabajadores, y una pésima imagen exterior”, señaló el presidente de la Asppor, Favio León.

Según los cálculos del sector, desde diciembre 2022 los bloqueos de vías terrestres han afectado los flujos del comercio exterior de bienes porque contribuyen al diferimiento de embarques (lo que se refleja en la reducción de exportaciones) y en algunos casos involucran pérdidas (productos perecibles).

En lo que respecta a la importación, Asppor refiere que se han generado retrasos y sobrecostos logísticos en la distribución interna, lo que ha contribuido a reducir la oferta e incrementar los índices de inflación al productor y al consumidor.

Se esperaba que, en diciembre de 2022, la agroexportación (no tradicional + tradicional) supere lo visto en similar mes de 2021. No obstante, en base a data preliminar de SUNAT (que puede variar en la revisión de febrero), se observa una caída de US$ 93 millones. La Libertad e Ica están entre las regiones más afectadas”, advirtió.

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