La reforma en agua y saneamiento: ¿Cuáles son los retos?

El gobierno actual se ha propuesto lograr el 100% de cobertura de agua potable y saneamiento al 2021. Es una meta importante, pues resulta indiscutible la mejora sustancial en la calidad de vida de las personas una vez que acceden a este servicio.

Pero también es una meta compleja, no solo por la amplia brecha de cobertura que presenta el sector, sino también por el nivel de articulación que requiere, dada la gran cantidad de actores y entidades que involucra. Así, en el presupuesto de este año, saneamiento ha recibido un incremento de recursos de 67%. Dada la magnitud de este salto, vale la pena revisar algunos de los retos para la ejecución de inversión pública en el sector.

Según cifras de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, entre el 2012 y el 2015 se invirtieron, en promedio, S/4.042 millones anuales en el sector saneamiento, lo que representa el 60% de la inversión anual requerida para cumplir el objetivo al 2021. “Para el 2017 se han presupuestado US$2.000 millones y, así se ejecutara el 100%, se necesitarían ocho años para cerrar la brecha del sector –acceso más rehabilitación–, que asciende a US$16.000 millones”, advierte José Luis Bonifaz, director de la institución.

Las cifras totales de ejecución del Estado en proyectos de saneamiento en los últimos años no han llegado al 70%, así que un primer reto será verificar la inyección de nuevos y cuantiosos recursos. El panorama preocupa aun más al revisar la ejecución de inversión pública de los programas de saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en el 2016: 19,3% en el ámbito urbano y 64,0% en el rural, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Al respecto, Eduardo González, jefe del gabinete de asesores del sector Vivienda, aclara que la baja ejecución se debió al ajuste fiscal realizado por el gobierno el año pasado, que impidió que se desembolsaran S/340 millones en proyectos de inversión. La ejecución calculada por Vivienda, considerando el límite de gasto decretado por el MEF, fue de 90,5% urbano y 99,5% rural.

—La gestión—
Gran parte de los proyectos de agua y saneamiento se gestiona por medio de los programas nacionales de saneamiento, uno urbano y otro rural. A través de estos programas presupuestales, se realizan las transferencias a los gobiernos regionales y locales para que gestionen los proyectos de agua potable y alcantarillado, principalmente.  

En estos destacan dos cuellos de botella: la baja ejecución en los estudios de preinversión –paso previo para aprobar las transferencias– y una gran cantidad de proyectos con montos relativamente pequeños. Por ejemplo, el valor promedio de los proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Rural en el 2016 (eliminando valores extremos) fue de S/23 mil.

Al respecto, Bonifaz afirma que es necesaria una acción rápida para agrupar los proyectos de inversión y empaquetarlos, a fin de volverlos atractivos para captar inversión como APP u obras por impuestos. Los proyectos por montos menores atraen ejecutores de baja calidad, escenario que no mejora si los estudios de preinversión tienen deficiencias. Para esto se ha creado Aguamás, explica González, entidad que se encargará de ejecutar los proyectos más pequeños y que queden en las zonas más alejadas.

Otro factor que impactará en la calidad de los proyectos será la migración al nuevo sistema de inversión pública, Invierte.pe. Entre los avances dados sobre el sistema, resalta que, en lugar de hacer los estudios de viabilidad antes de aprobar la obra, solo se tendrá que llenar una ficha para priorizar los proyectos y estos deberán comprobar que está orientado a cerrar una brecha. Luego, el gobierno regional o local llevará a cabo los estudios de viabilidad, añade González. Queda por resolver si este proceso elevará la calidad de las obras ejecutadas.

—La supervisión—
Un problema adicional tiene que ver con el ‘enforcement’, es decir, con la capacidad del Estado para lograr que efectivamente se ejecuten los proyectos una vez hecha la transferencia de los recursos a los gobiernos subnacionales. El sector Vivienda es el encargado de transferir los recursos, pero la ejecución de la obra pública queda en manos del gobierno regional o local. 

En ese sentido, Flavio Ausejo, docente de la Escuela de Gestión Pública de la PUCP, advierte que existe un gran reto para lograr la mejora en la labor de supervisión y monitoreo desde el gobierno nacional, ya que, una vez que llegan los recursos a las municipalidades, gran parte de los proyectos suele quedarse sin ejecutar debido a que se caen las licitaciones o los proveedores incumplen sus contratos.

González explica que una de las estrategias que tendrá Vivienda para solucionar el problema es su propia descentralización, para lo que se abrirán 24 oficinas en todas las regiones que acompañen a los gobiernos locales en esta tarea.