Región La Libertad espera que Concesionaria Chavimochic se vaya

La disputa legal que enfrenta al Estado con Odebrecht por el contrato de construcción de las obras de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic toma forma, aunque aún no hay indicios sobre la manera en que se resolverá.

La disputa comenzó a principios de febrero cuando el Gobierno Regional de La Libertad - el concedente- decidió rescindir el contrato a la Concesionaria Chavimochic SAC - integrado por Odebrecht (74%) y Graña y Montero (26%) - por no presentar el cierre financiero del proyecto.  

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El consorcio respondió con una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) el pasado 24 de febrero, alegando que el Estado no cumplió con entregarle las tierras para las obras. Tres días después el CIADI denegó la solicitud, informó Luis Farias Valdez, gobernador regional de La Libertad, en entrevista con este Diario. Aquí detalla el estado de la disputa. 

¿Cómo incide la decisión del CIADI en el proceso de recisión del contrato de la tercera etapa de la irrigación? 

En principio es una controversia de orden jurídico lo que conlleva a ellos y nosotros a reservar las estrategias a seguir. Ellos supongo están elaborando sus intereses privados. Nosotros,  el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de La Libertad, también estamos haciendo valer esos derechos dentro de los procesos que el contrato y la ley nos han preestablecidos. Hemos sido bastante contundentes en señalar que deseamos coordinar con la empresa. Sabemos que ellos han mostrado ese interés de no continuar con el proyecto. Hoy lo que queda es sentarnos y, de una manera conciliada, ver la salida del proyecto para que no genere ningún tipo de perjuicio para el Estado. Eso es lo que pretendemos. Supongo que el consorcio no tendrá ningún tipo de problema para ello. 

Ayer el consorcio informó que decidió iniciar un proceso de terminación anticipada del contrato. ¿Conocen esta decisión? ¿Fue tomada antes de la carta del CIADI? 
Ha sido posterior a la carta del CIADI. Así como han intentado entrar al CIADI, ellos van agotar todas las armas y las herramientas que el reglamento jurídico y el contrato contemplan al igual que nosotros.  

¿Cuándo conocieron la decisión del consorcio? 
Nos hemos enterado por los medios de comunicación, porque hasta el día de ayer no habíamos recibido ningún documento formal.  Hasta hoy [sábado 11 de marzo] no he recibido formalmente ninguna notificación. Primero se enteran los medios de comunicación de las acciones que la empresa ejerce y luego formalmente las hace conocer. Con qué intención, no lo sabemos, pero estamos tomando los recaudos que nos corresponden dentro del ámbito de la defensa. 

¿Cuál podría ser la intención? 
La intención de ellos es siempre cuidar sus intereses, como es normal. Es legítimo también. Eso no significa que en algún momento nos podamos sentar y discutir su salida ordenada dentro del proyecto. Tenemos la intención de continuar con la tercera etapa de Chavimochic sin ellos y ellos también han mostrado su decisión de no continuar con el proyecto. No he escuchado a nadie que exija que esta empresa continúe ejecutando la tercera etapa. Intentaremos que esta voluntad nuestra, como también lo es de ellos ahora, llegue a acuerdo armonioso para los intereses nuestros. Estamos siguiendo ese proceso. Más allá no puedo mencionar. Qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, porque es parte de las estrategias de negociación. 

El consorcio informó asimismo el viernes pasado que el Estado no podrá ejecutar la garantía del contrato. ¿Cabe esta posibilidad? 
Siempre he cuestionado ese contrato. Ha sido un contrato pro concesionario. Por eso, en su momento hemos pedido que la Contraloría y el Congreso lo evalúen, porque es adverso a los intereses del Estado. Que ellos digan tan abiertamente que no podamos cobrar una garantía… es su dicho. También fue su dicho interponer la demanda de arbitraje ante un fuero internacional, que le han denegado. Ellos pueden tener intenciones, pretensiones, vocaciones y fundamentos, pero son de [una]parte. De ahí a que se materialicen o concreticen en un proceso, hay mucha diferencia. 

La concesionaria dice que la carta de garantía no se va a ejecutar.   
Es controversial. Para nosotros ellos han incumplido el contrato, lo cual implica la ejecución. Para ellos, nosotros lo hemos incumplido. Eso tendrá que discutirse. 

¿Qué establece el contrato sobre la garantía?
El contrato establece que ambos tenemos responsabilidades. Así como nosotros, por cuestiones que no han estado dentro de nuestras potestades o decisiones, no hemos cumplido con entregar algunos lotes de terreno para la construcción del canal madre, ellos no han cumplido con el cierre financiero. Esto último acarrea una responsabilidad y penalidad. Nosotros les hemos remitido una carta que no nos hemos encargado de difundir. Por eso, no entiendo la actitud de esta empresa de dar a conocer mediáticamente de acuerdo a sus intereses estas controversias suscitadas. Estamos siguiendo un orden regular y estamos siendo respetuosos. Pero entiendo que ellos tienen otra vocación: confundir la opinión pública. Eso no es correcto. 

¿Cuánto favorece al Estado? 
Los señores han intentado demandar al Estado Peruano en un tribunal internacional, lo mismo que ha sido desestimado por falta de jurisdicción. Está clarísimo. Esta actitud la empresa la ha tenido siempre, sabiendo que nunca iba a obtener el cierre financiero. Nunca podía garantizar la inversión de los US$358 millones que debieron haber invertido. 

¿Con esta resolución se sienta precedente sobre la imposibilidad de que las empresas con participación mayoritaria de Odebrecht soliciten arbitrajes al CIADI? 
Así es. Eso es lo claro: no puede solicitar en un fuero internacional la solución de este tipo de conflictos. 

¿Cómo lo analizan? 
Es un punto a favor del Estado. Que intente otros medios, supongo que lo va a hacer. Pero ya dependerá en su momento de las autoridades de resolver este tipo de conflicto, de determinar quién tiene la responsabilidad. Nosotros asumimos que la tienen ellos. En ninguna parte del contrato se establece como condición sine qua non que se entregue el cien por ciento de los terrenos para que ellos concreten su cierre financiero. En 2015 debieron presentar el cierre financiero y no lo han hecho. No han garantizado al Estado peruano la inversión que les corresponde. 

El consorcio alega que se debían liberar el cien por ciento de las tierras. El Estado debía entregarlas en noviembre de 2014 después de firmado el contrato.  
Para el cierre financiero, no. Debían liberarse para la construcción del canal madre (de 129 kilómetros), pero ni siquiera han empezado el kilómetro y medio que estaba contemplado en el contrato. El kilómetro y medio para inicio de las obras está liberado. No hay una condición para que los señores puedan acreditar un cierre financiero del contrato.  

¿Cuándo prevén reunirse con la concesionaria? 
Eso está bajo la responsabilidad del MEF, que se encargará de convocarlos, conversar y consensuar. No tenemos problema para resolver este inconveniente de manera madura: aceptando la posición nuestra y la de ellos; que ellos no continúen y se vayan de manera ordenada.