SNI: Dos razones y cinco soluciones para la burocracia peruana

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) presentó dos grandes razones por las cuales existe una alta burocracia en el país y cinco medidas que deben tomarse para superar este problema.

El Perú es uno de los ocho países con la mayor carga burocrática del mundo, la cual es identificada por los empresarios peruanos como el principal obstáculo para hacer empresa, alertó la SNI.

Según el ranking del World Economic Forum 2015, el Perú ocupa el puesto 133, de entre 140 países, en carga de regulación gubernamental (burocracia).

Para la SNI, la carga burocrática en el Perú se explica principalmente por dos razones: i) de un lado, la existencia de normativas ilegales y/o irracionales que carecen de análisis económico-legales serios como sustento previo y; ii) de otro lado, la ineficiente gestión pública en la atención de trámites  que resalta por su discrecionalidad e incumplimientos de plazos legales en los procedimientos que evalúa, en especial en los gobiernos locales, por su baja calidad institucional media.

Si bien se han dado recientes normas para mejorar la simplificación administrativa (por ejemplo, los decretos legislativos 1200, 1203, 1211, 1212, 1222 y 1225), el margen de mejora pendiente es amplio pues aún se requiere la implementación efectiva de estas normas y, más importante, introducir de forma concreta reformas que significativa y directamente enfrenten la tramitomanía existente. 

Entre otras medidas, la SNI considera fundamental aplicar cinco reformas para la simplificación y mejora regulatoria. Primero, aplicar una “guillotina” que elimine las regulaciones detectadas por el Indecopi como barreras burocráticas ilegales y/ o irracionales. Segundo, establecer un TUPA único nacional para todo nivel de gobierno, como mínimo para los trámites de mayor demanda (entre ellos, licencia de funcionamiento, certificado de seguridad de edificaciones).

Tercero, revisar la justificación técnica de los silencios administrativos negativos vigentes y aplicar licencias automáticas o silencios positivos para la mipyme y establecimientos que riesgo bajo-medio. Cuarto, aplicar sanciones efectivas y rápidas a los funcionarios que exceden los plazos legales para responder solicitudes. Y finalmente, exigir que toda norma relevante del Poder Legislativo y de todos los niveles de gobierno cuente con un estudio de análisis de impacto regulatorio que se publique previo a su emisión.