¿Se justifica el alza del sueldo mínimo hecha por PPK?

Horas después de que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunciara su renuncia a la Presidencia de la República y se conociera que el Gabinete liderado por Mercedes Araoz haría lo propio, el aún ministro de Trabajo, Javier Barreda, dio a conocer el alza de la remuneración mínima vital (RMV) de S/850 a S/930, aprobada ayer por la mañana durante la última reunión del Consejo de Ministros.

Este es el documento publicado hoy en El Peruano: 

REACCIONES

Esta medida, que se hizo efectiva mediante decreto supremo, fue discutida durante el último mes en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), organismo que había dejado de reunirse periódicamente desde abril del año pasado.

Sin embargo, los indicadores económicos actuales no sustentarían un aumento del sueldo mínimo. Por un lado, la inflación, luego de El Niño costero, terminó el 2017 en 1,4%, en el borde inferior del rango meta del Banco Central de Reserva, de entre 1%-3%. Por el otro, la productividad de la mano de obra se encuentra estancada.

“Los S/80 de aumento representan el 9,4% de la RMV original. Esto es como si durante los 18 meses de gobierno de PPK, el sueldo hubiera subido 0,5% mensual. Este monto es abrumadoramente más grande que el crecimiento económico”, afirmó Hugo Ñopo, investigador principal de Grade.

A ello se suma el temor de que un mayor sueldo mínimo contribuya al deterioro reciente del mercado laboral formal, en un contexto en el que el empleo adecuado cayó 2,9% al término del 2017. El aumento generará que las empresas formales incrementen sus costos por el pago de las contribuciones sociales requeridas por ley, como vacaciones, CTS y seguridad social.

De otro lado, según cálculos de Ñopo, la informalidad laboral –que ya supera el 70% actualmente– podría aumentar un punto porcentual, pues la medida alentará a que las microempresas y pequeñas empresas opten por este camino.

Roque Benavides, presidente de la Confiep, aseguró que la medida del Gobierno respondería a razones políticas y no técnicas. “Me sorprende que el presidente haya aprobado esta medida”, agregó.

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), solo el 3% de los trabajadores formales se beneficiaría con la medida. Esto equivale a casi 308 mil personas.

“Darle tanta vuelta a una medida así solo tiene sentido en una economía con mayores niveles de formalización, donde el alcance es mayor”, concluyó Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores.

EL ALTO COSTO FISCAL DEL FIN DEL CAS

La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el martes el dictamen que dispone la incorporación progresiva de 275.140 trabajadores que laboran bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS) a los regímenes laborales de los decretos legislativos 728 y 276.

Según cifras del Ejecutivo, de aprobarse la medida en el pleno del Congreso, el costo para el Estado sería de S/2.236 millones anuales, lo que representaría un impacto de 0,3 puntos porcentuales del PBI y un punto porcentual más de déficit fiscal acumulado en tres años (tiempo inicial estimado para la incorporación).

Siendo este el escenario, el MEF tendría dos alternativas para financiar la medida: aumentar impuestos o modificar la trayectoria de consolidación fiscal. Según se pudo conocer, el Ejecutivo habría desestimado la primera, y con respecto a la segunda, estima que aceptar un mayor déficit pondrá en serio riesgo la calificación de la deuda soberana.

(Por: María Rosa Villalobos/Daniel Macera)