Sunat reclama a Odebrecht y sus exsocias más de S/1.300 mlls.

El jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama, reveló ayer en la Comisión de Economía del Congreso, que a finales del 2016, su despacho inició fiscalizaciones en las empresas que están vinculadas al caso Lava Jato y a las consorciadas. Las utilidades entregadas por las constructoras peruanas (Graña y Montero, JJC e ICCGSA) a Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción (OPIC) bajo el concepto de “riesgos adicionales” fue detectada por el fisco en el mes de marzo del 2017, dijo.

Al respecto, Claudia Suárez, superintendente Nacional adjunta de tributos internos de la Sunat, reveló al diario Gestión que desde el año 2001, las empresas vinculadas a Odebrecht y sus consorciadas han pagado S/ 16.000 millones.

Asimismo, dichas compañías aceptaron el pago voluntario por deudas imputadas por la Sunat por S/ 201 millones; pero aún la Sunat reclama el pago de S/ 1.300 millones que se encuentran en disputa.

ANTECEDENTES

Odebrecht se asoció con cuatro empresas peruanas para la ejecución de cinco megaproyectos en el país, hoy investigados debido al escándalo de corrupción que reveló el caso Lava Jato.

La Fiscalía acusa a la empresa brasileña de haber pagado millonarios sobornos a altos funcionarios de tres gobiernos entre 2005 y 2014.
Cada uno ha negado haber tenido conocimiento de los sobornos de Odebrecht.

ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN

Shiguiyama detalló que en noviembre del año pasado, se inició el proceso de fiscalización a más de 60 empresas vinculadas a Odebrecht, por el caso Lava Jato, y que en marzo último se inició la fiscalización a las empresas consorciadas a la empresa brasileña.

Suárez detalló que la fiscalización se centra en una revisión del pago del Impuesto a la Renta (IR), y entre otros aspectos, en el pago que recibió OPIC de sus empresas consorciadas, ya que el fisco considera que debió tributar el IR.

"Nosotros revisamos si el pago de tributos de estas empresas fueron correctos y actualmente estamos en proceso de emitir los reparos tributarios correspondientes, corroborando lo que la Fiscalía ya conoce”, informó la Sunat en un comunicado de prensa. 

De otro lado, la funcionaria explicó que las empresas consorciadas no dedujeron los aportes voluntarios de sus utilidades como un gasto, por lo que las operaciones se realizaron luego de haber pagado el impuesto y tampoco estaban provisionadas como operaciones por realizar.

También manifestó que estas operaciones realizadas desde las empresas consorciadas peruanas fueron materia de fiscalizaciones, pero que al haber cumplido con sus obligaciones fiscales, se archivaron.

Suárez resaltó que el fisco desde el 2016 viene realizando una serie de acciones de fiscalizaciones con un equipo especial conformado por 40 personas solo para investigar a las empresas consorciadas y las vinculadas al caso Lava Jato.

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