(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
/ Víctor Aguilar Rúa
David Tuesta

Una búsqueda rápida de la palabra “frescura” en el diccionario nos brinda los siguientes resultados: atrevimiento, descaro, insolencia, desfachatez, desvergüenza y descoco. Esto, lamentablemente, encaja muy bien con lo observado esta semana. ¿No dejo de preguntarme, cómo puede ser posible que se pida “carta blanca” para legislar en materia tributaria, vía Facultades Legislativas, cuando el gobierno se ha dedicado desde 28 de julio a mellar la confianza del sector privado?

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Como para que la población lo tuviera claro, justo en el momento en el que la premier Mirtha Vásquez buscaba el Voto de Confianza del Congreso, el presidente Castillo pronunciaba su compromiso con la estatización del gas de Camisea. Horas antes, este se había manifestado explícitamente por impulsar la Asamblea Constituyente. Con un presidente de la República expresándose en favor de mellar los fundamentos de los derechos de propiedad (no cabe interpretación diferente por más esfuerzos denodados de “traducción”), y sin el voto de confianza en mano, acercase a pedir facultades legislativas al Congreso, parece una broma de mal gusto.

Pero no sólo eso. Hay otros cuatro elementos que hacen de este pedido de facultades en materia tributaria un diáfano despropósito. Primero, está el hecho de que la economía aún no se ha recuperado. Lo que hemos observado en este 2021 es, en gran medida, un rebote estadístico de la actividad productiva, apoyado por el precio de los minerales. Pero no nos equivoquemos. El sector privado se encuentra en una posición endeble, con el mercado laboral precarizado, y viviendo una incertidumbre creciente azuzada por este gobierno. Las perspectivas de crecimiento de la inversión privada para el 2022, de acuerdo con las expectativas empresariales registradas por el Banco Central, están en el subsuelo, anticipando un futuro famélico. ¿Quién cree que se puede reactivar así?

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En segundo lugar, el contribuyente tiene serias dudas respecto al destino que tomarán estas mayores cargas tributarias. ¿Qué significa, por ejemplo, que estos mayores ingresos vayan a ser utilizados en el sector educación? ¿Acaso se pretende subirle el sueldo a los maestros sin que rindan evaluación? Meterle mano al bolsillo al mismo contribuyente que ya paga impuestos requiere mínimamente que le brindes no sólo objetivos coherentes en el papel, sino en los actos. Y en esto último este gobierno viene fracasando clamorosamente.

En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, está la famosa “grasa” del gasto estatal. Este gasto ineficiente que en el Perú llega a 2,5% del PBI de acuerdo con el Banco Mundial, lo que significa que aproximadamente más del 10% del gasto total del Estado va a donde no tiene que ir (¿se acuerdan del caso Swing?). Un mínimo gesto gubernamental antes de pedir que los mismos contribuyentes paguen más tributos sería plantear un claro compromiso de reducción de este gasto ineficiente. ¿A quién le va a parecer bien pagar más tributos para que siga yendo hacia rubros dudosos que no agregan valor al país?

En cuarto lugar, en el contexto actual, hay un relativo espacio favorable para mejorar la situación de los peruanos sin elevar las cargas tributarias. Las arcas fiscales se están beneficiando enormemente gracias al alto precio de los minerales, lo que impactará favorablemente, por ejemplo, en mayores recursos del canon para las regiones. Se estima que estos ingresos casi se duplicaran a partir del 2022. Como todo boom de materias primas, sabemos que esto es temporal, pero si se administrara prudentemente, daría un buen margen para tomar mejores decisiones en materia tributaria sin premura, sabiendo las frágiles circunstancias económicas y políticas en que nos encontramos hoy.

Es cierto que el desarrollo productivo del país, más aún en este escenario de pandemia, requiere un apoyo decidido del Estado, brindando soporte a sectores clave como salud, educación, infraestructura, empleo y a los menos favorecido. Los recursos tributarios para realizarlo, por supuesto, son clave. Pero la piedra fundamental para que ello sea posible es reactivar la economía brindando confianza a la inversión privada. Esa inversión que es capaz de reactivar y generar empleo vigorosamente. Hacer crecer la economía vía la inversión privada es la mejor manera de traer prosperidad inclusiva al país, y de paso, generar una mayor recaudación. Pero esto requiere confianza. Algo que este gabinete pide, pero que hace poco por merecerlo.

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