Hablan los ejecutivos: Burocracia y corrupción son los peores lastres

JUAN VARGAS

La estructura política peruana es tan dañina para las empresas que las pocas cosas buenas que de allí salen son irrelevantes para los empresarios y, en cambio, los mayores dolores de cabeza provienen de ese ámbito, según se desprende de los resultados de la Encuesta de Expectativas Gerenciales 2013 desarrollada por El Comercio y la firma de investigación Real Time Management (RTM).

En promedio, solo un 9% de empresarios espera que salga algo bueno de la política en los próximos dos años. En cambio, la burocracia, la corrupción y la conflictividad social encabezan la lista de los factores políticos más limitantes para el crecimiento. En este sentido, el 82% de los encuestados considera que la burocracia es limitante o muy limitante, mientras que el 78% atribuye esta dificultad a la corrupción y un 75% indica que sería la conflictividad social.

De hecho, para el 100% de los ejecutivos de minería, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, energía, petróleo y gas la burocracia es muy limitante o limitante.

“Los problemas de normas y permisos están frenando y amenazando el modelo. Los ejecutivos lamentan hechos como: emplean regulaciones del primer mundo que no se pueden o saben aplicar, creciente independencia, mal usada, de los gobiernos provinciales y alcaldías, falta de autoridad del Gobierno Central y “pocos cuadros capacitados”, indica Alberto M. Ballvé, director asociado de RTM.

Y eso que algo se ha mejorado. Caroline Gibu, directora ejecutiva de Ciudadanos al Día, una ONG que hace un seguimiento al servicio que realizan las entidades públicas, señala que los gobiernos de los últimos 15 años han trabajado para diseñar e implementar reformas de combate a la burocracia, pero lo que se ha logrado avanzar es muy puntual.

“El problema es más intenso en los gobiernos locales y regionales. En algunos casos, se ha potenciado el ‘front office’ o la ventanilla presencial o virtual (por teléfono incluso) pero la reforma en el ‘back office’ o las oficinas que toman decisión aún no se ha dado de manera integral: si bien se han simplificado procesos y diseñado flujos, la toma de decisiones concentradas en una o más personas aún generan discrecionalidad”, advierte Gibu.

Juan Carlos Bolaños, gerente de RTM, señala que es la falta de decisiones lo que más lamentan los ejecutivos encuestados. “En ciertos ámbitos del Estado prima la cultura de no aprobar y de impedir la actividad privada. Además, los funcionarios públicos no terminan de tomar decisiones por temor a ser acusados y enjuiciados por las decisiones que tomaron”, explica.

FACTOR NEFASTO El otro factor político visto como nefasto por los empresarios es la corrupción. Para el 36% de los entrevistados se trata de un factor muy limitante y otro 42% lo considera limitante, siendo los mineros quienes se sienten más afectados (100% la suma de muy limitante y limitante).

El ex procurador Ronald Gamarra Herrera señala que existe información sobre cómo funcionan los circuitos de la corrupción, las situaciones, espacios, actores y procesos de mayor riesgo. Pero lamenta que falte decisión para utilizar esa información. Gamarra sabe de qué se alimenta el monstruo: procesos de adquisición poco transparentes, ventanas de oportunidad dejadas por la normatividad, ente contralor dependiente de cada sector y no de la Contraloría, espíritu de cuerpo, limitado acceso a la información para el ciudadano, grandes inversiones por fuera del sistema de control, formación de ‘comunidades’ de interés dentro de las instituciones, debilidad ante los lobbies, impunidad y falta de respaldo a las acciones anticorrupción. A pesar de que se debería poder empezar a tomar medidas, el Estado no cuenta con una real política pública en la materia (el Gobierno ha creado una Comisión de Alto Nivel Anticorrupción –CAA– para delinear estas políticas). Ni siquiera en el Foro del Acuerdo Nacional la lucha contra la corrupción es un compromiso político.

Los propios empresarios, sin embargo, han empezado a reaccionar. Jorge Medina, country managing partner de Ernst Young Perú y miembro de la CAA, lidera también un comité en Perú 2021 formado por altos ejecutivos que quieren plantear formas y mecanismos de prevenir y combatir la corrupción. El IPAE ha formado otro comité con objetivos similares.

Medina señala, sin embargo, que los empresarios no pueden cambiar el entorno político solos, sino que requieren trabajar en equipo con el Estado y la sociedad civil organizada (medios de comunicación, universidades, ONG, etc.). “Y, además, se necesita liderazgo. Creo que si nosotros entendemos cuál es el problema y ejercemos liderazgo y coraje, podremos actuar con conocimiento”, sostiene.

Un primer paso que Medina cree necesario tiene que ver con la burocracia. “Si somos capaces de reducir la burocracia y la pila de normas y reglamentos innecesarios se quitará un aliciente a la corrupción”, indica.

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