Según Capeco, el 93% de la expansión de las ciudades en Perú del 2001 al 2018 proviene la mitad del tráfico de tierra y la otra mitad de lotizadores informales. (Foto: Carlos Hidalgo/GEC)
Según Capeco, el 93% de la expansión de las ciudades en Perú del 2001 al 2018 proviene la mitad del tráfico de tierra y la otra mitad de lotizadores informales. (Foto: Carlos Hidalgo/GEC)
Christian Lengua

Recientemente vimos en Lima sendas invasiones de terrenos tanto en Lomo de Corvina en Villa El Salvador como en el Morro Solar de Chorrillos. Esto pone sobre la mesa el tema de la entrega de títulos de propiedad. En el plano político, de cara a la segunda vuelta del 6 de junio, existen promesas en ese sentido. Aunque estas son básicamente de, ya que no menciona en su ideario sus planes en cuando al sector vivienda.

En un capítulo específico sobre vivienda, el plan de FP propone reorganizar el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), “a fin de que vuelva a ser una institución ágil, amigable y libre de burocratismo”.

Asimismo, se refiere a emprender un gran proceso de formalización a nivel nacional “entregando títulos de propiedad registrados a todas las familias que tienen derecho a la propiedad y que cumplan con los requisitos solicitados”.

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Al respecto, Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco), dio algunas cifras del desempeño de Cofopri en los últimos años. Desde el año 2012 hasta el 2020 la entidad entregó 588.890 títulos de propiedad. La velocidad de titulación era mayor años atrás, porque había una gran masa de invasiones que no había sido regularizada.

“En los últimos años ha ido decayendo, en el 2019 se entregaron 62.000 títulos y el año pasado alrededor de 34.000, lo que tiene que ver con las dificultades de trabajo que hubo el año pasado. Pero en los últimos cinco años en promedio se entregaron alrededor de 55 mil títulos al año”, expresó el líder del gremio empresarial constructor.

Respecto a la propuesta de Fuerza Popular, Valdivia no cree que haya un problema de retraso de titulación por una morosidad de tipo burocrática. “Cofopri ha tenido en años anteriores niveles de titulación anual mucho mayores, incluso el doble en algunos años, entonces no es ese el problema. El problema es que las invasiones se van a lugares cada vez más complicados u ocupan terrenos con valor para sus propietarios”, manifestó.

Para el titular de Capeco, lo que hay que hacer es contener la invasión. “Muchas veces, Cofopri llega para formalizar una situación que no es deseable, porque la gente que invade está a merced de traficantes de tierra o lotizadores urbanos informales. Gente que muchas veces son rehenes porque están obligados a pagar. Es un tema social muy grave, un negocio ilegal, riesgoso, que tiene que ver con la inseguridad ciudadana”, subrayó.

Además, sostuvo que muchas veces se ocupan terrenos sin que exista realmente una necesidad. Puso como ejemplo al distrito de Ancón, donde más de la mitad de las invasiones no tiene gente que vive allí.

“Es un asunto complejo porque cuando ya la gente está instalada es reconocida, y al Estado ya no le queda otra cosa que titular, pero esa no es la solución. Es un remedio a una enfermedad que necesita otro tipo de cura”, puntualizó Valdivia.

El especialista aclaró que si una persona ocupó un suelo que es del Estado y el Estado renuncia a él, no está mal que se titule, porque después se dotará ese lugar de agua y servicios. Sin embargo, resaltó que el problema con las invasiones es que está alimentándose una industria delictiva de tráfico de tierras, y está documentado con estudios que el 93% de la expansión de las ciudades en Perú del 2001 al 2018 proviene la mitad del tráfico de tierra y la otra mitad de lotizadores informales. “Esa es la base de inseguridad ciudadana, no los que roban celulares”.

SUELO FORMAL

Para Guido Valdivia también se necesita generar suelo formal. Si se decide reducir la invasión, esos terrenos que se pueden usar deberían ser para el desarrollo de vivienda formal. Eso es posible en el país, anotó.

En esa línea, en Capeco vienen proponiendo la creación de una Empresa Pública de Suelos, como hay en otros países, que pudiera acumular en un banco de tierra los terrenos que podrían tener vocación de uso urbano, habilitarlos para hacer una inversión en agua, pistas y veredas, y luego transferir en macrolotes a promotores privados que puedan desarrollar proyectos de vivienda social.

“Esto se tiene que hacer de inmediato, lo proponemos desde hace seis años, junto con otra serie de medidas para generar la oferta de vivienda que la gente necesita. Es un tema central de la política de vivienda que nos parece mucho más relevante que la titulación”, sostuvo.

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